‘Megafraudes’: ¿una vocación en Coahuila?

A partir del último tramo de la administración estatal de Humberto Moreira, una de las palabras más usadas en Coahuila para referirnos a determinados aspectos de la vida social es el prefijo “mega”. Para infortunio colectivo, el uso del prefijo está relacionado, en la mayoría de los casos, con hechos de los cuales no podemos sentirnos orgullosos.

Un buen ejemplo de ello lo constituye el caso del “megafraude” orquestado en nuestra entidad gracias a la complicidad de empleados del Infonavit con integrantes del Poder Judicial del Estado, entre quienes se encontrarían al menos seis jueces y una docena de secretarios de estudio y cuenta, según ha reconocido el propio Consejo de la Judicatura estatal.

De acuerdo con la información conocida, la operación consistía en iniciar juicios masivos en contra de deudores del Infonavit que habían incumplido con el pago de sus créditos, “recuperar” las viviendas asignadas como resultado de los procedimientos jurisdiccionales y posteriormente vender las propiedades en subasta.

El “secreto” del acuerdo entre funcionarios del Infonavit y del Poder Judicial de Coahuila habría consistido en aceptar la radicación, en juzgados ubicados en Torreón y Sabinas, de miles de casos en los cuales las viviendas sobre las cuales se realizaba el juicio hipotecario ni siquiera se encontraban en Coahuila, sino en la Ciudad de México, Chihuahua, Tamaulipas o en lugares tan lejanos como Baja California.

El subdirector de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano, informó ayer que la dependencia ha detectado un total de 259 mil 906 créditos que fueron tratados mediante el procedimiento de “juicios masivos” y que de estos, 100 mil habrían sido procesados en Coahuila, es decir, el 38 por ciento de todos los casos detectados a nivel nacional.

A partir de dichas cifras, sin duda que el caso merece el calificativo de “megafraude” y los coahuilenses estamos obligados a cuestionarnos por qué, en materia de defraudación de la confianza de los ciudadanos, en la entidad nos gusta hacer todo “a lo mega”.

Difícil imaginar una razón más relevante para explicar el fenómeno que el hecho de haber convertido a Coahuila en un paraíso de la impunidad, en donde todo mundo pareciera sentirse en la libertad de estirar nuestra capacidad de asombro y poner a prueba nuestros niveles de tolerancia frente a casos como estos.

Sobre el particular, habría que insistir en lo que ya se ha dicho anteriormente: el Poder Judicial de Coahuila tiene frente a sí un desafío monumental para restañar su prestigio y recuperar la confianza de los ciudadanos. Quienes integran el máximo órgano jurisdiccional de Coahuila tendrían que estar preocupados ante la acumulación de hechos que cuestionan su honorabilidad.

Porque al “megafraude” del Infonavit debe sumarse el ocultamiento de información en torno al caso de Javier Villarreal Hernández y compañía, así como las decenas de millones “perdidos” por el Consejo de la Judicatura tras decidir apostarle a la especulación financiera a través de la desaparecida Ficrea.