La próxima semana habrá de discutirse, en el pleno de la Cámara de Diputados, la reforma al artículo 41 constitucional que plantea reducir, en 50%, el financiamiento público a los partidos políticos.

Dicha reforma fue aprobada, con votación muy dividida, en comisiones -17 votos a favor, 14 en contra- y puede, en caso de ser finalmente ratificada, representar un impacto importante en las finanzas de los partidos políticos para los próximos años y procesos electorales.

En 2018, el financiamiento público para los partidos políticos nacionales fue de 6 mil 745 millones de pesos y, este año, habrá sido de 4 mil 965 millones. La diferencia entre uno y otro periodo se explica por los procesos electorales federales llevados a cabo en 2018, que implicó se adicionaran los gastos extraordinarios para las campañas electorales al financiamiento ordinario establecido para los institutos políticos.

Como se observa, no es un tema menor. Se trata de una discusión que ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo –constantemente se señala que en México tenemos las elecciones más costosas del mundo– y que debiera derivar en un debate informado y serio respecto a la mejor forma de aprovechar los recursos públicos destinados a las actividades políticas y que, al menos en el “deber ser” constituyen –y construyen– el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

De aprobarse finalmente, el presupuesto de los partidos para el 2020 bajaría a la mitad de los 5 mil 239 millones que el Instituto Nacional Electoral aprobó para el próximo año.

El asunto no es centrarse únicamente en la idea de lo bueno que en apariencia resulta reducir el dinero destinado a los partidos políticos –¿quién podría oponerse a ello? – lo interesante del caso es determinar si, esa reducción, realmente fortalece las estructuras democráticas de nuestro país, si acerca a la ciudadanía a los partidos políticos y, quizá, sobre todo, si ello ayuda a que exista menos dispendio y corrupción en esos temas.

El problema surge al plantearse de dónde habrá de llegar el recurso –si ya no del financiamiento público– a los partidos y si ello no vulnera –aún más–, dichas estructuras. Además, claro, de si la reducción en este justo momento no representa una ventaja -en los hechos- al partido nacional dominante que, al contar con el mayor número de votos en las más recientes elecciones, dispondrá de más recursos comparativamente con las otras fuerzas políticas.

Y un dato más. Esta discusión podría convertirse en la primera fractura importante del actual grupo dominante en el legislativo –el PT, aliado legislativo de MORENA, votó en contra del dictamen– y sin esos votos en el pleno, no se contaría con la mayoría necesaria para su aprobación.

Así que se avizora una discusión relevante durante los próximos días –y, desde luego, en su presentación al pleno–, lo cual repercutirá –inevitablemente– en probar si menos dinero destinado a los partidos político se traduce en una mayor y mejor democracia.