México requiere una Ley de Seguridad Interior

Los condenables hechos que se dieron en Puebla la semana pasada con los huachicoleros (así se conoce a las bandas dedicadas al lucrativo negocio del robo de combustibles), en los que lamentablemente perdieron la vida cuatro miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nos deben hacer ver la necesidad que tenemos de contar con un marco legal adecuado para su actuación en tareas que corresponden y deberían estar llevando a cabo, en primera instancia, las autoridades civiles. La violencia y la inseguridad causadas por el crimen organizado han alcanzado niveles tan peligrosos que amenazan la viabilidad de nuestra República. No pueden seguir las cosas como están: se requiere llenar el vacío legal existente, y esto se puede lograr con una Ley de Seguridad Interior, para la que ya existen en comisiones de ambas cámaras del Congreso, distintas iniciativas.

En muchos lugares de nuestro país, las Fuerzas Armadas llevan a cabo una serie de tareas en materia de seguridad que les corresponden y deberían de estar siendo realizadas por los cuerpos policiacos de los gobiernos locales. Esto no sucede así, porque estos cuerpos policiacos estatales y municipales, o bien no tienen la preparación y el equipamiento adecuado, o han sido cooptados por las organizaciones criminales. Ante el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia de tipo criminal y la falta de confianza en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en el ámbito local, el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha accedido a que instancias federales, muy en particular las Fuerzas Armadas, hagan las veces de esas instancias civiles para enfrentarlos. Hay muchos municipios en el país en los que no hay un solo policía municipal, las tareas que corresponden a la policía municipal, las lleva a cabo el Ejército o la Marina. 

El tema se está volviendo un círculo vicioso: los gobiernos locales piden el auxilio de la Federación porque solos no pueden hacer frente a las bandas delincuenciales, pero, en la mayoría de los casos, no hacen mayor cosa para tener en sus entidades federativas policías más capacitadas que pasen los controles de confianza, ya que les resulta más sencillo pedir el auxilio del gobierno federal. La falta de capacidad de los gobiernos locales para enfrentar al crimen organizado ha hecho que sean la Policía Federal, el Ejército y la Marina, los que realicen las funciones que le corresponden a las autoridades civiles, sin que el marco para su actuación sea lo suficientemente claro. Y, si las cosas siguen así, todos nos preguntamos: ¿Hasta cuándo podrán regresar nuestras Fuerzas Armadas a sus cuarteles? ¿Llegará el día en que los gobiernos locales puedan retomar sus responsabilidades en materia de seguridad? ¿De quién va a ser la decisión: de los gobiernos locales o, del gobierno federal? Si no existen corporaciones locales competentes, las Fuerzas Armadas no pueden retirarse dejando indefensa a la población frente a las bandas criminales.
La complejidad del tema nos hace obligatorio el contar con una legislación actualizada. Desde mi punto de vista, esto se puede lograr con una Ley de Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas, por su disciplina lealtad y profesionalismo, son lo mejor que tiene México para enfrentar los desafíos que imponen las bandas del crimen organizado, pero tenemos que reconocer que han sufrido un gran desgaste. Es indispensable contar con un marco regulatorio que dé seguridad jurídica a su actuación y que al mismo tiempo incentive a los gobiernos locales para que, en un tiempo perentorio, cuenten con policías civiles debidamente capacitadas y certificadas que vengan a hacer las funciones que hoy realizan con mucha generosidad las Fuerzas Armadas; sólo así, podremos construir un país más seguro.