El Ejecutivo se vio obligado a instruir estas normas porque tres meses la primera dama apareció implicada en un escándalo por la adquisición de una residencia / Archivo
En febrero del año pasado el presidente Peña Nieto anunció una serie de medidas para prevenir la corrupción.

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Presidencia de la República, creado por instrucción del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto como parte de las medidas encaminadas a prevenir la corrupción, ha optado por la opacidad. A pesar de que el objetivo de la instancia es promover y capacitar a los funcionarios públicos para que se rijan con legalidad, integridad, objetividad, ética y transparencia, sólo cuatro de los 30 miembros que conforman el Comité han hecho pública su información patrimonial y de conflicto de interés. Al no hacerlo no violan ninguna norma, pero mandan una mala señal, considera Edna Jaime, directora del centro de estudios de políticas públicas México Evalúa. “Yo creo que no se ven bien promoviendo transparencia en este Comité sin tener un gesto con el público”.

En febrero del año pasado el presidente Peña Nieto anunció una serie de medidas para prevenir la corrupción. Una de ellas era la creación de comités de ética y prevención de conflictos de interés. El Ejecutivo se vio obligado a instruir estas normas porque tres meses la primera dama apareció implicada en un escándalo por la adquisición de una residencia en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El portal de Aristegui Noticias dio a conocer que la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente, fue construida por el grupo Higa, una empresa vinculada al consorcio que ganó el concurso del tren rápido a Querétaro y que fue anulado por sorpresa apenas dos días antes de que saliera a la luz la investigación periodística.

El Comité fue instalado en diciembre pasado y se conforma de 15 miembros propietarios y 15 suplentes de todos los niveles jerárquicos. Los nombres fueron proporcionados a este medio a través de una solicitud de información. Posteriormente se hizo una revisión de cada funcionario en el registro de servidores públicos, una plataforma donde los integrantes de la administración federal capturan sus datos curriculares, experiencia laboral, ingresos anuales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, inversiones y adeudos. Se encontró que sólo el 13% decidió transparentar sus datos. Uno de los que se negó a hacer pública su información patrimonial y de posible conflicto de interés es el presidente actual del Comité, Carlos Alberto Ramírez, quien se desempeña como coordinador general de la oficina de Presidencia.

El secretario del Comité, Erasmo Eliseo Pérez Martínez, argumentó que aunque todos los servidores públicos -desde un Jefe de Departamento hasta el presidente de la República- tienen la obligación de presentar ambas declaraciones, la decisión de hacerla pública queda al arbitrio de cada servidor. En el caso de los integrantes del comité todos presentaron su información a la Secretaría de la Función Pública, pero no todos decidieron hacerla pública, indicó en respuesta a un cuestionario enviado por este medio.

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Los miembros de la instancia deben promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, se lee en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entre las acciones que ha realizado hasta la fecha la instancia está la realización de un programa llamado Viviendo Nuestros Valores, que consiste en una aplicación a través de la cual los servidores públicos responden distintas preguntas sobre la historia de México, cultura general y el Código de Conducta, explicó Pérez Martínez. “Se desarrolla una campaña interna de difusión (sobre el tema) mediante boletines a los servidores públicos por correo electrónico, así como carteles, leyendas en los talones de pago y banners (pancartas) en la intranet de la Oficina de la Presidencia de la República”, agregó.

Una de las funciones del comité es elaborar un Código de Conducta que oriente a los servidores públicos a comportarse correctamente en su quehacer cotidiano y que prevenga conflictos de interés y posibles actos de corrupción. En enero de este año se publicó el nuevo Código que buscará promover acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el combate a la corrupción.

Acciones simbólicas
La creación del Comité y el resto de medidas anunciadas el año pasado para combatir la corrupción, fueron simbólicas, explica Edna Jaime, especialista en temas de rendición de cuentas. “Fue una respuesta a la coyuntura que presentó la Casa Blanca, pero que no ha tenido ninguna consecuencia. No se tomaron medidas con cambios sustantivos por eso la crisis ha perdurado con el paso de los meses”, asevera.

El presidente debió haber instruido a los miembros de su Gabinete, sobre todo a los funcionarios de alto nivel, a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, considera Jaime, pero se anunciaron cosas sin mayor fondo como estos comités. “Sí me parece ilustrativo que en este comité sus integrantes no estén dispuestos a la transparencia, a pesar de que venimos de una coyuntura que le ha costado tanto al presidente”, dice.

Durante la pasada discusión de las leyes anticorrupción, uno de los puntos que se promovía por parte de la iniciativa ciudadana era la obligación de que todos los servidores púbicos hicieran públicas las tres declaraciones (fiscal, intereses, patrimonial), pero finalmente no se logró que se incluyeran. “Es valioso que las declaraciones sean públicas porque permiten el escrutinio ciudadano y de los medios de comunicación y es un complemento a los procesos de monitoreo que hacen las autoridades”.