Migración: la violencia sigue en este patio
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Drama, conflicto humanitario, tragedia. Todos los calificativos que se puedan enlistar seguramente no bastarán para describir lo que viven miles de migrantes centroamericanos que transitan por nuestro País, sobre todo desde los operativos que el Gobierno de México implementa por instrucción de las autoridades estadounidenses y que tienen al territorio nacional convertido de facto en el muro trumpiano.
El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, lo había advertido: la persecución a migrantes puede recrudecerse. El vaticinio se fundamentaba en los números que ofreció el gobierno de México, de que el flujo de migrantes se había reducido en junio de 144 mil a 87 mil, un resultado que si bien el secretario de Estado Mike Pompeo aplaudió, aún está lejos de la exigencia del gobierno estadounidense, que es llevar la cifra paulatinamente a cero.
Xicoténcatl había informado que el promedio diario de personas que llegaban a la Casa del Migrante había disminuido de 400 a 120. Horas después ocurriría la tragedia que lo hizo redactar la dura carta que le dio la vuelta al País, aquella donde tras el asesinato de un salvadoreño de 35 años a manos de fuerzas del orden en un operativo al sur de Saltillo; manifestó su “rechazo y desprecio a la política migratoria mexicana” que está provocando un “sinfín de sufrimientos” y exigió “un alto a la crueldad institucional que está cobrando vidas”.
Hay todavía algunos puntos oscuros. Lo que relató la Casa del Migrante fue que un grupo de 10 centroamericanos, incluidos niños, se encontraban en la colonia 5 de Mayo, al sur de Saltillo, esperando el tren para llegar a la frontera con Estados Unidos. Fue entonces cuando los interceptó un presunto operativo conjunto entre la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía de Coahuila; tras desatarse una persecución, un niño de 2 años fue resguardado en una tienda para protegerle la vida, pues los agentes habían comenzado a disparar, asesinando a un salvadoreño de 35 años en presencia de su hija de 8.
El gobierno de Coahuila emitió un comunicado ofreciendo su versión de los acontecimientos señalando que, al llegar los agentes, cuatro de los migrantes comenzaron a agredirlos verbalmente y uno de ellos, el salvadoreño que a la postre falleció, sacó de entre sus ropas una pistola tipo escuadra e inició la agresión, la cual fue contestada por los agentes. El arma, según la versión del gobierno de Coahuila, fue asegurada y el cuerpo del migrante trasladado al Semefo, mientras el resto del grupo huyó de forma pedestre. Sin embargo, a través de un comunicado, el Gobierno de México negó que la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración hubieran participado en operativo alguno y que el deslinde de responsabilidades ante estos hechos compete exclusivamente a la Fiscalía de Coahuila.
En su comunicado, el gobierno del estado también señaló que el menor de 2 años –escondido en la tienda– fue resguardado por la Pronnif. Un mecanismo que no aplicó, por cierto, con el hijo de 3 años de un migrante que el pasado 28 de julio perdió el pie tras un accidente con el tren en Monclova y que fue trasladado a un hospital, mientras el niño fue resguardado en la Dirección de Seguridad Pública ya que, por su carácter de ilegal, no era posible trasladarlo a la Pronnif.
Lo que revelan estos dramáticos casos es que no existe una estrategia integral de atención al fenómeno migratorio, que no están claros los protocolos de detención y deportación y tampoco bajo qué circunstancias y con qué criterios se pueden involucrar otras dependencias. El propio gobierno de Coahuila señalaba que no hay recursos para atender a los migrantes, más allá de los donativos en especie que se proporcionan a instituciones y centros de asistencia; es decir: no se puede generar una política pública con presupuestos y mecanismos de acción... y si en un fenómeno tan complejo se abre la puerta a la improvisación, lo único que cabría esperar es que la película se vuelva cada vez más dramática.
Coahuila, de hecho, es el estado fronterizo que más deportaciones ha efectuado y el quinto a nivel nacional. La entidad ha devuelto a sus países de origen a mil 828 centroamericanos entre enero y mayo; le sigue Tamaulipas con mil 329 y Nuevo León con 733. La Organización Internacional para las Migraciones informaba recientemente que durante la primera mitad de 2019 han perdido la vida por lo menos 380 migrantes en Latinoamérica, un 57.6 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. De la cifra de muertes, 144 ocurrieron en nuestro País, sin contar las 66 personas que fallecieron a las puertas de nuestra frontera sur y las 23 que perecieron apenas traspasando la frontera norte.
Y como ya se vio que la autoridad no tiene protocolos claros, la tragedia de Saltillo obligó a que en Torreón el Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres Fraire” activara sus propios mecanismos de protección. El centro informó que a partir de ahora se ha dado la instrucción de impedir el paso de cualquier autoridad que no presente una orden judicial por escrito.
Hace unos años, en el contexto de la lucha antinarco, era común escuchar el argumento de que mientras en Estados Unidos el tráfico de drogas y armas sigue siendo un negocio millonario, México está poniendo los muertos. Ante el fenómeno migratorio, la violencia y el drama también están en este patio.
