Resulta evidente que se trata de una institución que carece de los mecanismos de control para evitar la penetración de sus filas por parte del crimen organizado

Ayer se conoció la sentencia que un tribunal de justicia militar dictó en contra de ocho oficiales del Ejército Mexicano a quienes se encontró culpables de delitos contra la salud, específicamente por haber colaborado con el grupo delictivo de Los Zetas, mientras se encontraban destacamentados en el 69 Batallón de Infantería, en Saltillo.

De acuerdo con la información difundida, los elementos castrenses condenados formaron parte de una presunta red de colaboradores que proporcionaban información al referido grupo delincuencial, respecto de los operativos que realizaba el Ejército, a cambio de dinero.

Habrá que esperar a conocer el resultado de la apelación que la defensa ya anunció formulará en contra de la sentencia, pero al menos hasta este momento un tribunal ha considerado que los elementos presentados por el Ministerio Público Militar son suficientes para acreditar la responsabilidad de los acusados.

Con independencia del resultado que arroje la apelación, lo que el fiscal militar ha hecho es activar el mecanismo de impartición de justicia a partir de hechos que considera probados, es decir, a partir de la existencia de “filtraciones”, en la línea de mando del Ejército para favorecer a la delincuencia organizada con información.

Por ahora, lo que está aparentemente probado es que los ocho militares condenados serían los responsables de tales filtraciones. Pero si luego fueran absueltos, eso dejaría intacta la acusación del fiscal: hubo elementos, dentro de las Fuerzas Armadas, que actuaron como cómplices de un grupo criminal a cambio de dinero.

La pregunta es obligada: ¿se tratará de un suceso aislado, o habría que investigar con mayor profundidad para determinar si el caso implica la existencia de una cadena de corrupción que llega más profundamente en la estructura de mandos de las fuerzas castrenses?

Y resulta obligado hacer la pregunta, porque los ocho condenados se encontraban apenas en el segundo peldaño del cuerpo de oficiales del Ejército, debido a su rango de tenientes. Dada la estructura altamente jerarquizada de la milicia, se antoja difícil que estos actuaran por su cuenta, en solitario. Y se antoja aún menos probable si se toma en cuenta el alto número de acusados: 16 en total, aunque sólo ocho han recibido una condena hasta ahora.

Un grupo tan grande constituye una verdadera red de corrupción y debería indagarse –tan sólo por la sanidad del Ejército– si se trató de un caso aislado que no involucró a los altos mandos de la milicia.

Por lo demás, este caso ejemplifica de forma contundente las razones por las cuales los integrantes de las Fuerzas Armadas del País deben abandonar cuanto antes las tareas de seguridad pública que se les han encomendado, pues resulta evidente que se trata de una institución que carece de los mecanismos de control para evitar la penetración de sus filas por parte del crimen organizado.