Uno de los señalamientos que múltiples voces realizaron durante la reciente discusión de la reforma constitucional que derivó en la creación de la Guardia Nacional, fue la necesidad de que dicha institución tuviera una estructura civil, es decir, que en su integración no existiera preeminencia de personal militar.

La razón de esta posición es simple: históricamente se ha demostrado que, además de no estar preparados para la realización de tareas de seguridad pública, los elementos castrenses tiene una formación que los lleva fácilmente a incurrir en conductas que violan los derechos humanos.

Una prueba más en este sentido la aportaron ayer más de un centenar de organizaciones civiles al presentar, ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, un informe en el que documentan la existencia de una alta incidencia de casos de tortura en las cárceles mexicanas.

De acuerdo con el reporte, basado en información del Inegi y el World Justice Project, las mujeres privadas de libertad son quienes más han sufrido diversos tipos de tortura de las cuales serían responsables integrantes de la Secretaría de Marina y del Ejército, de manera fundamental, y en menor medida miembros de los cuerpos policiales del nivel federal y estatal.

Las cifras deben llamar a preocupación, pues el informe presentado a Naciones Unidas indica que el 62 por ciento de los casos documentados de tortura en prisiones, perpetrados en contra de mujeres, sería responsabilidad de elementos militares.

Y deben preocupar porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en colocar en el centro de su estrategia de seguridad al personal militar, alegando que no existe otra alternativa para hacer frente al fenómeno de la criminalidad que vive el País.

En su discurso, el Presidente ha señalado reiteradamente que la Guardia Nacional, aunque se conformará principalmente por elementos militares, tendrá un código de conducta fundado en el respeto a los derechos humanos, algo que también han dicho sus antecesores, pero que los ciudadanos no tenemos motivos para creer.

¿Por qué no se puede confiar en este nuevo ofrecimiento? La razón es simple: los elementos que han recibido formación militar no van a “transmutar” mágicamente en esmerados garantes de los derechos de los ciudadanos simplemente porque sean adscritos a una nueva corporación.

Tal comportamiento es aún menos esperable cuando, como ya ha decidido el titular del Ejecutivo, serán militares quienes se encuentren en la cúspide de la pirámide de mando de la nueva corporación. Un militar no se “reprograma” para ser policía y conducirse conforme a los códigos civiles simplemente porque se le incorpore a una institución teóricamente civil.

Los números fríos ahí están y constituyen una advertencia más que clara. Nadie debe llamarse a sorpresa si, en el futuro próximo, continuamos reseñando sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por quienes, a contracorriente de toda la experiencia acumulada en el mundo, hoy han sido colocados al frente de la estrategia de seguridad pública, una tarea para la cual carecen de la formación y el entrenamiento necesarios.