El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección ordinaria del Ayuntamiento de Monterrey por considerar que se registraron violaciones graves que afectaron el principio de certeza en los resultados.

En dichos comicios al panista Felipe de Jesús Cantú se le declaró ganador por una mínima diferencia que, tras ser impugnada por el Partido Revolucionario Institucional, fue ratificada por la Sala Regional Monterrey del TEPJF. Sin embargo, una mayoría de integrantes de la Sala Superior, del mismo órgano jurisdiccional, consideró que se había roto la cadena de custodia de los paquetes electorales por lo cual los comicios debían ser anulados.

En consecuencia, se ordenó la realización de comicios extraordinarios que implicaron convocar nuevamente a las urnas, el día de ayer, a los electores de la capital neoleonesa quienes respondieron con un muy pobre entusiasmo a esta nueva jornada comicial.

A diferencia de lo ocurrido en julio pasado cuando la participación ciudadana superó el 56 por ciento, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a la cita de ayer apenas acudió el 33 por ciento de los electores registrados.

Sin embargo, tal como ocurrió hace más de cinco meses, el proceso realizado ayer apunta para repetir la agria disputa postelectoral de julio, debido a que los dos candidatos punteros –los abanderados del PRI y el PAN– tienen votaciones muy similares que se diferencian por menos de un punto porcentual.

De hecho ayer mismo, al cierre de las casillas, tanto Felipe de Jesús Cantú como Adrián de la Garza se habían proclamado ganadores del proceso y los resultados del PREP, al cierre de esta edición y faltando sólo 36 actas por capturar, mostraban una ventaja para el abanderado del PRI menor a los tres mil sufragios.

Por otro lado, el PREP mostraba que 74 casillas no habían sido contabilizadas, lo cual implica que presentaron alguna inconsistencia que impidió considerarlas en la sumatoria final de votos, hecho que anticipa una tensa jornada de cómputo para el próximo miércoles.

Más allá de la estrategia que cada partido siga en los próximos días para debatir el tema y eventualmente litigar el resultado final, los electores regiomontanos parecen haber dejado claro su hastío frente a las pugnas partidistas al no responder al llamado de las autoridades electorales.

Claramente ni los partidos políticos ni quienes tuvieron a su cargo la organización del proceso extraordinario lograron entusiasmar a la ciudadanía para participar en la selección de quien les gobernará por los próximos tres años, al menos en la misma proporción que lo hicieron en julio pasado.

Tal hecho constituye la característica más relevante de esta elección extraordinaria y tendría que ser advertido no solamente por las dirigencias partidistas de Nuevo León, sino también por quienes, en el resto del País, han convertido a los litigios postelectorales en un auténtico “vicio” que, parece evidente, no concita el apoyo popular sino más bien su rechazo.