Moreira vs. Aguayo vs. AMLO (2/2)
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La cuarta transformación parece mirar con ojos de complacencia el garrotazo que se le pretende propinar a uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad
“Y Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Lo anterior fue escrito en 2016 por el periodista Sergio Aguayo hacia el cierre de su artículo “Hay que esperar”, concerniente a la detención de Humberto Moreira por la justicia de España y al mutismo de la autoridad Mexicana, encarnada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Precisamente por estos días (finales de enero, principios de febrero), el episodio acaba de cumplir un año más de acaecido, desde la sorpresiva aprehensión, la extraña liberación/absolución y la posterior repatriación del exgobernador coahuilense, a cuyo regreso profirió nixoniano aforismo: “mancharon mi honor”.
El 30 de junio de aquel mismo año, Moreira Valdés interpuso una demanda en contra de Aguayo Quezada por ¡daño moral! (hágameelchingadofavor.com).
Al respecto, el periodista y estudioso de los derechos humanos escribió: “Será una batalla jurídica larga y desgastante”, como anticipando no sólo el periplo burocrático legaloide que cualquier pleito representa, sino también la pobre calidad de la justicia a la que estamos condenados a recibir en este País de corrupción en plena metástasis.
El pleito ya va en efecto para su cuarto año. Cuatro temporadas de un drama de tribunales que sería una magnífica comedia si no estuviera de por medio la tranquilidad y el patrimonio de “un hombre de bien”, como atinadamente describiera Denise Dresser a su colega, el doctor Aguayo.
Dresser, a su vez, invocó el caso Moreira-Aguayo en la mañanera, como coloquialmente se conoce a la conferencia de prensa matutina que todos los días celebra el Presidente de la República.
La preocupación de Dresser es por su colega y compañero de oficio, pero también por el ejercicio de la libertad de expresión que se ve comprometido, tanto por el reciente fallo en contra de Aguayo (el cual le conmina a pagar 10 millones de pesos como indemnización al expresidente del PRI) como también por un proyecto de ley de la 4T para traer de regreso el delito de difamación y otras figuras que ya habían sido desterradas de la legislación y que sólo constriñen y entorpecen la libertad de prensa.
La confrontación entre Dresser y el Mandatario tuvo un dejo agrio, como ocurre cada vez que se toca un tema que no está en la agenda del Presidente y del cual le resulta un tanto arduo escabullirse con sus habituales escapatorias retóricas. Y este fue el caso.
AMLO desde que es AMLO se ha caracterizado por tener una firme opinión sobre todos los aspecto de la vida pública en México, un juicio implacable contra cada protagonista de la política nacional y una manera categórica de verbalizar su criterio. Excepto cuando no es así.
Ya como presidente López Obrador se las ha tenido que ver con temas que no resultan populares en la arenga política, y que por alguna razón no condena con el mismo dedo flamígero de esa mano que como candidato jamás le tembló.
Exempli gratia:
La muy sonada controversia del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, quien luego de ser electo para un periodo de dos años se aferró a apalancarse en el poder por un lustro completo, ganándose el repudio generalizado de todo el País, excepto el del Presidente quien se pronunció respetuoso de la decisión de la autoridad competente, no obstante ésta pisotea los más elementales preceptos de la democracia.
¿Por qué aquí el Presidente no se explaya como suele hacerlo, y hace del caso Bonilla una más de sus pausadas y exhaustivas disertaciones?
Tan sencillo como que Bonilla contendió por el nuevo partido de estado, Morena, y que la retorcida de pescuezo que le dieron a la ley en BC fue orquestada desde la Presidencia, como lo dejó ver la secretaria de Gobernación, pero más que nada y sobre todo que la ambigüedad en la duración de un mandato es un tema sobre el que AMLO no parece tener el deseo de pronunciarse con la acostumbrada severidad.
Ahora, en el asunto Moreira contra Aguayo, AMLO buscó colocarse en esa misma zona de neutralidad, en la que simplemente dice respetar los fallos de las autoridades competentes (pese a que salieron a relucir los evidentes conflictos de intereses de los jueces que dirimieron el asunto a favor del demandante coahuilense); AMLO se volvió a ubicar en esa misma zona gris en la que el nombre de Moreira no le suena ni le dice absolutamente nada (“y si alguien lo exoneró, fue Calderón”, concluyó el Presidente).
La tibieza de López Obrador en un tema que tanto indigna a la opinión pública (el acoso legal en contra de Sergio Aguayo) parece sentar un precedente para la eventual criminalización de la libertad de expresión en este nuevo régimen, a través de un proyecto de ley mordaza impulsado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Hay mucho más en juego, por desgracia, en el caso Moreira vs. Aguayo, que el bienestar del periodista injustamente hostigado por escribir una verdad tan cierta como es ese hedor a corrupción que no podrá disiparse de esta entidad en décadas.
También lamentablemente la cuarta transformación parece mirar con ojos de complacencia el garrotazo que se le pretende propinar a uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad, el derecho a decir lo que se piensa.
¡Ánimo, don Sergio! ¡No está solo!
petatiux@hotmail.com Facebook.com/enrique.abasolo
