Mujer detenida por policías comunitarios en Oaxaca pasó 3 años presa por falso delito, al fin es liberada
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Dolores fue acusada de cometer un secuestro. La detuvieron, la golpearon sin importarles que estaba embarazada y le practicaron un aborto sin su conocimiento
Por Erendira Aquino (@ErendiraAquinoA) para Animal Político
Luego de estar presa casi tres años acusada de secuestro, Dolores, una joven habitante de una comunidad rural de Oaxaca, fue liberada el pasado 15 de marzo. Estuvo encarcelada debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos por los que fue acusada y ahora no puede volver a su casa, ante la amenaza de que los vecinos de su comunidad la agredan.
La tarde del 8 de mayo de 2014, Dolores salió de trabajar en Zapotitlán Palmas, Oaxaca, y decidió buscar a su entonces pareja en Guadalupe de Recreo, el pueblo vecino, de donde es originario, porque estaba embarazada y él había dejado de comunicarse, abandonándola a su suerte. Nerviosa, al llegar a la casa del joven, Dolores decidió no tocar la puerta.
Al llegar ante la puerta de la casa, Dolores escuchó gritos dentro, por lo que se espantó y decidió volver a su pueblo.
En el camino, sin embargo, Dolores fue detenida por dos policías comunitarios y subida a una camioneta particular, en donde estaban ya otras tres personas sometidas.
Los policías comunitarios mantuvieron a las cuatro personas detenidas en un inmueble del pueblo, durante un día y medio. Aunque Dolores no había sido informada, la policía comunitaria la vinculaba con un secuestro presuntamente cometido por los otros tres sujetos aprehendidos.
Mientras Dolores y los tres presuntos secuestradores estuvieron dentro de este inmueble, fuera, los pobladores amenazaban con linchar a los cuatro.
Sin pruebas
El abogado de ASILEGAL, la organización que acompañó legalmente el caso, Edgardo Calderón, explica que Dolores fue detenida por policías comunitarios, golpeada y encarcelada, bajo la acusación de intentar secuestrar a la madre y la adolescente embarazada que se encontraban dentro de la vivienda de su expareja.
“Entonces el pueblo quiere linchar a todos, dura día y medio esta situación y en ese momento Dolores todavía no sabía por qué la detuvieron, hasta que después de este tiempo la llevaron al Ministerio Público y le informaron”, comentó Calderón.
En el Ministerio Público, ella avisó que tenía dolores en el vientre y que necesitaba atención médica –que no le habían dado– a pesar de haber sido golpeada.
El médico legista del Ministerio Público no la atendió. Fue hasta que llegó la abogada de oficio que le asignaron, siete horas después, que la trasladaron a un hospital, donde no la atendieron “porque estaba sucia”.
La regresaron a los separos, donde su hermana la esperaba con lo necesario para que se aseara. Luego de limpiarse, Dolores volvió al hospital, donde sin informarle le practicaron un legrado por raspado.
Como estaba en calidad de detenida, fue dada de alta inmediatamente y encarcelada, para enfrentar un juicio que dos años y 11 meses después concluyó con su declaración de inocencia y liberación, consumada el pasado 15 de marzo.
Viacrucis procesal
En estos casi tres años de reclusión, a pesar de que expresó en varias ocasiones que presentaba dolor en la columna, Dolores no fue atendida. Ahora sabe que ese dolor será permanente, ya que es resultado del procedimiento de aborto por legrado que le practicaron durante el proceso de detención.
Además, mencionó el abogado, hubo otro detalle que llamó la atención de la defensa del caso: no llevaban a Dolores a sus audiencias “porque no había dinero para comprar gasolina y trasladarla”, lo que convirtió el juicio en un “viacrusis procesal”.
El caso de Dolores no es único. De acuerdo con información de ASILEGAL, el 75% de las mujeres en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, donde estuvo presa, están ahí sin sentencia que compruebe su culpabilidad.
Ahora Dolores está libre, pero ella y su hija no han vuelto al pueblo de donde son originarias “por su seguridad”, y es que “la comunidad es muy de hacer justicia por su propia mano”, agregó Calderón.
El abogado de ASILEGAL dijo a Animal Político que todavía no descartan la idea de presentar denuncias contra las autoridades que cometieron las “dilaciones graves a los derechos humanos de Dolores”, porque hasta ahora sólo podrían investigarse como faltas administrativas.
“Desafortunadamente este caso constituye un referente de las deficiencias que prevalecen en el sistema de justicia penal y son prueba de la necesidad de que en las instituciones se cuente con personal capacitado para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con base en el respeto a los derechos humanos”, concluyó Calderón.
