Mujeres: en mayor estado de indefensión

En un mundo en donde nos acostumbramos largamente a otorgar un mayor “valor” al hecho de pertenecer al género masculino que al femenino, a nadie debe extrañarle que los indicadores relativos a casi cualquier comportamiento social demuestren -de forma violenta en muchos de los casos- cómo las mujeres padecen en mayor grado la incidencia de conductas nocivas.

Un doloroso botón de muestra lo representa el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a las cifras de mujeres desaparecidas que, se calcula, se ha registrado en Coahuila en el último lustro, cálculo que deja en evidencia, entre otras cosas, la deficiencia en el registro de este tipo de delito y la ausencia de políticas de genero para tratarlo.

No se trata, vale la pena aclararlo, simplemente de “contar adecuadamente”; es decir, de separar los casos de desaparición forzada por género, pues el asunto no es un problema de aritmética.

De lo que se trata sí, es de tener un radiografía precisa del fenómeno, pues sólo de esta forma es posible concebir el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas para la atención del problema. Porque de nada servirá que se destinen recursos -humanos, materiales y financieros- a la atención de éste, o cualquier otro fenómeno, si la problemática está pobremente diagnosticada y, por ende, desconocemos sus orígenes y consecuencias precisas.

La perspectiva de género, en este sentido, constituye una arista relevante del problema, pues se encuentra de sobra diagnosticado que el de las mujeres constituye un grupo vulnerable de la sociedad que requiere por ello de medidas especiales para la protección de sus derechos.

Adicionalmente, en el caso de las mujeres suele registrarse un fenómeno que no ocurre con los varones: son víctimas de determinadas conductas ilícitas por el sólo hecho de ser mujeres y tal hecho requiere, en primer lugar, de reconocimiento puntual y, en segundo, de medidas específicas para atenderlo y revertirlo.

El de la desaparición forzada es, en este sentido, uno de los múltiples fenómenos que demandan el diseño e implementación de políticas con perspectiva de género, pero además constituye un fenómeno que demanda atención prioritaria.

Y requiere atención prioritaria porque se trata de una forma de violencia particularmente dañina para la sociedad, ya que el hecho de que una persona desaparezca tiene repercusiones múltiples en el seno de su familia. Pero si quien desaparece es una mujer, y además ha desaparecido por el sólo hecho de ser mujer, tal circunstancia contiene un agravio particular en contra de la comunidad.

Sería de esperarse pues, que las autoridades de todos los órdenes de gobierno reaccionaran de forma adecuada frente a la realidad que dibuja el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ubica a México, en general, y a Coahuila en particular, como una región en donde las mujeres se encuentran virtualmente indefensas ante los ataques en contra de su integridad.