Neoliberalismo en la cuarta Transformación

De toda la oposición a la Cuarta Transformación (política, social, cultural, intelectual y académica), la que menos tiene justificación de serlo es la oposición económica. Porque en cuanto a economía se refiere las decisiones no han variado respecto a tres décadas anteriores de neoliberalismo.

Para demostrar que sólo basta con el buen uso y aplicación de los recursos públicos, el gasto público se ha anclado en función de la inflación y se encuentra en déficit cero, cuyo monto neto en este año es de 6 billones 107 mil 732.4 mil millones de pesos (mmdp).

Se renegocia la descomunal deuda federal heredada (44.7% del producto interno bruto, más de 10.5 billones de pesos) y su carga sigue siendo muy elevada en el presupuesto de egresos de este año (más de 1 billón 400 mmdp), pero en su reestructuración no se plantea comprometer responsablemente más recursos, para impulsar la economía con el efecto multiplicador de los egresos públicos estratégicos.

Con el argumento de que fue una región “olvidada”, el gasto en infraestructura se centra en el sureste del país con más de 4 billones de pesos en cinco años, mientras no es claro dicho rubro para las regiones norte, occidente y centro, a no ser que la iniciativa privada arriesgue su capital en proyectos efectivos, es decir a libre mercado.

En materia impositiva el gobierno federal afirma que las actuales leyes y reglas bastan para elevar los ingresos fiscales en 20% del PIB (actualmente en 16%), que no es necesaria la reforma fiscal, pero hasta ahora la estructura jurídica fiscal favorece la elusión fiscal.

Previendo las eventuales decisiones populistas y clientelares de un nuevo gobierno de posición ideológica centro-izquierda, en diciembre de 2018, autónomamente, la Junta de Gobierno del Banco de México, incrementó de 8 a 8.25% la tasa de interés y en 2019 la redujeron hasta 7.50%, pero, aún con inflación anual de 2.9%, ésta continúa siendo restrictiva, contribuyendo a inhibir la dinámica económica de consumo e inversión en el país.

Y si de tasas activas hablamos, no hay influencia política o económica que presione a la banca comercial a reducir las tasas de interés crediticias, con 20% promedio a empresas, 12% promedio en hipotecas y 40% promedio en tarjetas de crédito, es decir que los bancos continúan tolerados y también a libre mercado.

En estricto sentido, los economistas neoclásicos opositores al gobierno federal no tienen argumentos para criticar, puesto que este régimen de “centro-izquierda” ha aplicado estrategias que, en décadas pasadas del País, ya hubieran deseado los neoliberales más ortodoxos.

Desde una perspectiva económica diferente, ante un entorno de desaceleración mundial, problemas arancelarios China-Estados Unidos y el impacto económico de la pandemia coronavirus, lo que debe aplicarse es una política económica expansiva: reducir tasa de interés y presionar a la reducción de las tasas activas bancarias; aplicar efectivamente el gasto público en infraestructura productiva en la mayor parte del país, inclusive con prudente déficit fiscal, con incremento de deuda pública si esto es necesario; actualizar leyes fiscales tanto para elevar la recaudación, como para impulsar las actividades económicas generales y regionales.

Aun así, en 2019 se tuvieron logros en algunas variables: se incrementó 8.2% la inversión extranjera directa; se elevó 2% el consumo al por menor; la inflación se redujo a 2.9%; superávit comercial (importaciones-exportaciones) de 5.2%; se contuvo la caída de producción petrolera y de diésel y gasolinas; se contuvo y redujo la deuda federal en 1%; entre otras.

Se entiende que el gobierno federal pretende no alarmar negativamente a los mercados financieros, para no afectar negativamente el tipo de cambio ni el nivel de precios. Sin embargo, el crecimiento económico no debe esperar más, sobre todo si se pretende la redistribución de riqueza en la sociedad mexicana, que aún es inequitativa y con desigualdad de oportunidades.