Aseguran. El Gobierno resalta que la PF ha sido transparente en el caso. Foto: Cuartoscuro
Al llegar los elementos de la PF, los civiles armados hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad

CDMX.- El Gobierno federal dio a conocer que acepta la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, pero aseguró que en la actuación de la Policía Federal “no se configura la hipótesis de una ejecución extrajudicial” en los hechos, en los que murieron 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un elemento de la Policía Federal (PF).

Según la versión del Gobierno federal, “de las pruebas recabadas se observa que el uso de las armas fue necesario ante la agresión real e inminente, dado que los agresores contaban con un armamento reservado para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como un fusil tipo Barret y un lanza misiles RPG activado, y su actuación fue racional, ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos”.

Destaca que la presencia de la Policía Federal en el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, “estuvo fundada y motivada en la denuncia presentada por una ciudadana, quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad”.

Expone que al llegar los elementos de la PF, los civiles armados hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad, acción en la que un elemento de esa institución de 25 años de edad y cinco de servicio, fue impactado por un disparo y perdió la vida.

La masacre ocurrió en el 2015. Foto: Archivo
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LAMENTAN HECHO

​“Se trató de un evento lamentable donde, además del policía federal, fallecieron 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, que se negaron a deponer sus armas”.

Subraya que está asentado en actas que los policías federales se identificaron y exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran, pero la respuesta fue con disparos de arma de fuego en contra de la autoridad.

Detalla que entre los 42 fallecidos presuntamente integrantes de la delincuencia organizada, 16 habían sido procesados por distintos delitos, de éstos, 11 contaban con mandamientos judiciales para su captura por ilícitos como homicidio, portación de arma y robo.

Aclara que las tres personas que depusieron las armas, están vivos, y uno de ellos fue atendido por paramédicos de la PF y hoy se encuentran sujetos a un proceso penal.

Resalta que desde el día de los hechos, el 22 de mayo de 2015, la Policía Federal ha colaborado con total transparencia y puso a disposición de las autoridades y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda la información, personal, vehículos, armas y la documental que se le ha requerido.