Aunque pudiera parecerlo, no es prematuro ir analizando desde ahora los escenarios de cara a la renovación de las alcaldías en los 38 municipios de Coahuila. De hecho, el tiempo ya está encima: la carrera rumbo a los comicios del próximo 6 de junio de 2021 inicia formalmente en septiembre, es decir, ya en un puñado de semanas comenzará a pavimentarse el terreno de unas elecciones que serán fundamentales para el futuro próximo del país, debido a que implican la renovación de la Cámara de Diputados, de 15 gubernaturas y de centenares de cargos en presidencias municipales y escaños en congresos locales. Y aun cuando en Coahuila sigue en vilo la elección de legisladores locales, vale la pena irle dando relevancia al papel de los ayuntamientos en todo este entramado. Sobre todo porque, salvo muy honrosas excepciones, la figura de los alcaldes se ha visto cada vez más deslucida: pese a ser los primeros respondientes a las necesidades básicas de los ciudadanos, muchos gobiernos municipales han evidenciado su poca capacidad de autofinanciarse, su estrecho margen de maniobra cuando sufren recortes de participaciones estatales o federales y el corto impacto de sus decisiones ante circunstancias extremas, como la pandemia del COVID-19 y la aguda crisis económica derivada de ella. 

De hecho, estas adversas circunstancias están significando la posibilidad de evaluar, con más afinados criterios, el desempeño de los gobiernos. El costo, positivo o negativo, del manejo que hayan hecho de la emergencia sanitaria, lo habrán de pagar en las urnas. Sin embargo, para evaluar a los alcaldes hay parámetros mucho más inmediatos: ¿sale agua de su grifo cada vez que gira la llave? ¿cuál es el estado que guarda el pavimento de las calles donde usted transita? ¿se siente seguro al andar afuera o al abordar el transporte público? ¿qué tal están las plazas y espacios comunitarios de su ciudad? ¿qué tan efectivas son las dependencias municipales en la resolución de los problemas o en la corrección de las deficiencias en los servicios?

En el último ranking nacional de alcaldes elaborado por Campaigns&Elections y la encuestadora Varela y Asociados, que toma en cuenta la calificación ciudadana en torno a cinco servicios básicos (seguridad pública, alumbrado, pavimento, agua potable y recolección de basura), aparecen dos alcaldes coahuilenses entre los 20 presidentes municipales mejor evaluados del país. La publicación separa las puntuaciones otorgadas tanto por desempeño como por popularidad y, en ese sentido, el alcalde saltillense Manolo Jiménez aparece en el lugar 11 de desempeño, con una aprobación de 54.2 y en el sitio 13 de popularidad con calificación de 52. El otro munícipe coahuilense que aparece en el ranking es el torreonense Jorge Zermeño, ubicado en el lugar 17 por desempeño con 51.4 de aprobación. Sin embargo, en la medición de popularidad, el munícipe panista baja a la posición 21 con calificación de 48. Si usted habita en Saltillo o en Torreón, ¿considera que las condiciones de su municipio justifican que su alcalde esté entre los 20 con mejor desempeño del país?

Y es que, volviendo al asunto electoral, la emproblemada cotidianidad de las ciudades hace que mucha gente pierda el foco de las atribuciones de cada orden de gobierno. En todas las elecciones ocurre, por ejemplo, que cuando un candidato a una diputación, sea federal o local, toca a la puerta de un potencial elector, se topa con una serie de peticiones que no necesariamente corresponden a lo que debe hacer un legislador: le piden poner pavimento en la calle, arreglar las fugas de agua y garantizar el abasto del líquido, que mande patrullas a intensificar los rondines de vigilancia en la colonia, pintar las calles o remozar las plazas públicas. Es decir: le piden a un aspirante a diputado atender las cuestiones que le tocan a un alcalde. Y aunque es verdad que un legislador puede influir a través de la gestión de presupuestos y la modificación de leyes en la resolución de esos problemas, el equívoco, por lo regular, nunca es aclarado, primero porque “prometer no empobrece” y, segundo, porque la desmemoria y el desconocimiento de la gente en torno a las atribuciones de tal o cual orden de gobierno siempre ha sido electoralmente redituable. 
Y es ahí donde reside uno de los principales motivos del hartazgo ciudadano hacia la forma de hacer política en este país: que lejos de significar una verdadera solución a la pobreza, el desempleo, la inseguridad pública, la falta de oportunidades o los deficientes servicios públicos, la partidocracia sencillamente administra todos estos problemas con cálculo electorero.
Hacen falta las grandes soluciones, sí, pero también las pequeñas acciones cotidianas que impacten positivamente en la vida comunitaria. Basta de obras de relumbrón y proyectos sin sentido, a los próximos alcaldes les debe quedar claro que ya no hay paciencia para el cortoplacismo. Está pendiente el proceso de 2020 para la renovación del Congreso del Estado, pero en el proceso federal de 2021, que para Coahuila incluye la renovación de alcaldías, dese un tiempo para pensar y razonar el voto. A final de cuentas a los alcaldes les toca resolver muchos de los problemas con los que empezamos a convivir ya desde el momento en que, cada mañana, ponemos el primer pie fuera de casa.

Manuel Serrato

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