Violencia, violencia, violencia que brota, se reaviva, reaparece por todos los puntos cardinales y se convierte en la nota doliente de los migrantes, de las mujeres, de los México-norteamericanos; violencia provocada por el mensaje de odio promovido y difundido desde la Casa Blanca por Donald Trump.

La masacre perpetrada el sábado pasado por un loco más en El Paso, Texas, estado poblado por un 80 por ciento de mexicanos y que fue originalmente de nosotros hasta que se vendió al Gobierno norteamericano en 1848 como parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo para terminar la guerra entre las dos naciones, fue un acto terrorista que saturó las redes sociales y del que todos los medios de comunicación se volcaron a informar con detalle sobre el contexto del ataque, su autor y las casi 50 víctimas, entre heridos y fallecidos.

Cabe destacar la respuesta inmediata del Gobierno Federal a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien visitó a los mexicanos –víctimas inocentes sobrevivientes del ataque terrorista– acompañado del gobernador de Chihuahua Javier Corral. Ebrard manifestó que nuestro gobierno deseaba transmitir a las víctimas solidaridad, consuelo y el apoyo de todo México. 

Se ha explicado que legalmente no es factible que el Gobierno mexicano solicite al estadounidense la extradición del presunto criminal Patrick Wood Crusius, quien será acusado de crímenes de odio, los que en Estados Unidos se castigan con la pena de muerte; a pesar del horror criminal perpetrado por Patrick, no coincido con que se le castigue con la pena capital porque ésta viola el derecho humano universal a la vida, además está más que demostrado que en los países en los que se aplica, los delitos criminales no disminuyen, y Estados Unidos es un ejemplo vívido pues, durante los siglos 20 y 21, tan sólo en centros educativos se cometieron al menos 53 masacres y ataques, lo cual no es poco.

Ante los crímenes de odio presentados el pasado fin de semana en Estados Unidos, surgió la urgencia de controlar la venta de armas. Trump propuso una reforma, aunque siendo él el principal instigador del racismo y la xenofobia, y estando en proceso su reelección, no es creíble que fustigue a los industriales productores de armas que son muy fuertes. 

Por su parte, el presidente López Obrador pidió al Gobierno de EU controlar el uso de las armas, mientras las distintas fracciones de la Cámara de Senadores solicitaron que el Gobierno mexicano frene el tráfico ilegal de armas hacia México, porque hasta ahora los gobiernos anteriores hicieron poco o nada por controlar y detener este problema que debe resolverse desde ámbitos múltiples y concurrentes en lo local, nacional e internacional, porque es complejo hasta en el diagnóstico, aunque los especialistas establecen que es factible controlarlo en el mediano plazo.

Los senadores solicitan que ambos países pongan en marcha acciones contundentes a favor del control de armas que permitan erradicar el tráfico ilegal, e insistieron en que así como México ha colaborado en la contención migratoria, ahora el Gobierno norteamericano debe responder con reciprocidad ante el problema del tráfico ilegal de armas.

Datos presentados en el Senado indican que cada año cerca de 213 mil armas son introducidas ilegalmente al País y que ese negocio ha dejado al menos 56 mil 588 personas asesinadas entre enero de 2015 y junio de 2019, es decir, 34 diarias.

Las propuestas también incluyen que se realicen operativos de revisión por parte de la Guardia Nacional en la frontera mexicana: Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Laredo como mínimo; lo menos que podemos pedir y esperar es que ésta no sea una llamara de petate y que con energía se realicen las negociaciones pertinentes e internamente se establezcan los mecanismos que controlen este cáncer delincuencial.

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Horizonte Ciudadano