Todas las personas que contribuyen al gasto público tienen derecho a que el gobierno lo ejerza y administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Estos principios no son sólo un buen deseo, son obligaciones constitucionales de todas las autoridades.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM) ha causado discusiones políticas y jurídicas relevantes, incluso desde antes de las elecciones presidenciales de 2018. Desde la campaña, los candidatos se pronunciaron acerca de las ventajas y desventajas de continuar o cancelar esta obra de infraestructura.

Sin embargo, la cancelación así como la sustitución del proyecto por un Aeropuerto Civil Internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía (AISL) se materializó a partir del 1 de diciembre. Por ello, un grupo ciudadano ha cuestionado si esta decisión es válida desde el punto de vista jurídico.

#NoMásDerroches es un colectivo conformado por organizaciones de la sociedad civil, abogados que colaboran de manera probono, usuarios de los servicios de transporte aéreo, pilotos aviadores y pobladores de Texcoco y municipios aledaños a Santa Lucía con un interés común: el respeto a la legalidad y al ejercicio eficiente de los recursos públicos en obras de infraestructura.

Las dos grandes razones dadas por el gobierno para la cancelación del NAIM fueron: 1) el pueblo así lo decidió a través de una consulta popular, y 2) el proyecto de Texcoco está, supuestamente, plagado de corrupción.

En efecto, entre el 25 y el 28 de octubre de 2018, un partido político organizó una encuesta. Este ejercicio no cumplió con los requisitos mínimos de representatividad de una encuesta. Además, no se cumplió lo que exige el artículo 35 constitucional para que una “encuesta” sea considerada como consulta popular y, por lo tanto, tener el peso jurídico suficiente para que el Gobierno tome decisiones con base en sus resultados: a) no fue solicitada por algún órgano legitimado para ello; b) no tuvo lugar el día de la elección federal, c) no fue organizada ni calificada por el Instituto Nacional Electoral; y d) ni tuvo la participación de la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión.

Por otro lado, existen reglas que se deben respetar antes de concluir los instrumentos jurídicos celebrados con particulares: debe existir una investigación exhaustiva y, en caso de encontrar posibles irregularidades, se deben seguir procedimientos jurídicos en donde se acrediten violaciones a la ley. Dado el caso, una vez sancionados los involucrados, lo procedente es que se celebren contratos nuevos, con empresas honradas a través de licitaciones transparentes. Sin embargo, el gobierno decidió cancelar el proyecto del NAIM y llegó a acuerdos “voluntarios” de terminación anticipada con las empresas involucradas.

¿Por qué esto implica un derroche de recursos públicos? Según ha estimado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo mínimo de cancelación del NAIM asciende a 270 mil millones de pesos. El derroche equivale a seis veces el presupuesto anual destinado a la UNAM (que este año es de 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos). Por otro lado, desde septiembre de 2018, el Colegio de Ingenieros Civiles de México indicó que el costo de construcción del AISL puede ascender a 215 mil millones de pesos. Esto, aunado a la terminación de, por lo menos, 46 mil empleos directos en Texcoco y la pérdida de confianza de empresas nacionales y extranjeras para invertir en nuestro País.

Desde mayo de este año, #NoMásDerroches puso en marcha 147 acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación. Hasta el momento se cuenta con 10 resoluciones de suspensión mediante las cuales: I) se ordena al Gobierno que se abstenga de construir el AISL hasta que se cuenten con todos los estudios, dictámenes y autorizaciones en materia cultural, de prospección arqueológica, viabilidad técnica, en materia de seguridad, aeronáutica, política, social e interinstitucional, II) que se mantengan las obras ya implementadas y desarrolladas en el NAIM e incluso que se realicen acciones de conservación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y III) que no se lleve a cabo la inundación de lo que se ha avanzado hasta el momento en Texcoco.

Se ha manifestado también, por parte de las autoridades federales, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será quien diseñe, construya y opere el AISL. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos establece que, para desarrollar un aeropuerto civil, se debe contar con un título de concesión otorgado a una sociedad mercantil. La Sedena no cuenta con un título de concesión ni es una sociedad mercantil.

Todos estos argumentos han sido planteados en juicio por parte de #NoMásDerroches. Serán los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación quienes determinen si es constitucional o no la decisión de cancelar el NAIM, así como la construcción de un Aeropuerto en Santa Lucía en ausencia de permisos, autorizaciones y dictámenes que exigen tanto las leyes nacionales como el derecho internacional.

#NoMásDerroches no está en contra del Gobierno, tampoco persigue intereses económicos o políticos. Esta causa no obedece a ideologías de izquierda o de derecha, simplemente se pretende ejercer un derecho y cumplir con una obligación ciudadana: exigir el cumplimiento de las leyes por parte de la administración pública. Todos los interesados en sumarse a este colectivo ciudadano pueden hacerlo a través de la página web https://nomasderroches.mx/ y/o Facebook NoMasDerroches y Twitter @nomasderroches

Gerardo Carrasco Chávez

Director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y miembro del colectivo #NoMásDerroches

@GerCarrasco90

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