La democracia a la mexicana se caracteriza por el clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad. Todos estos elementos conforman un ciclo que elimina los mecanismos de control sobre el gobierno y la rendición de cuentas. Hablemos de simulación. 

Una de las principales formas de simulación es dotar de autonomía, incluso constitucional, a ciertos órganos, pero quitárselas por la vía de los hechos. Tenemos órganos autónomos de jure, pero subordinados de facto. ¿Cómo sucede esto? Incluso en aquellos casos donde los órganos se encuentran bien diseñados, basta con nombrar incondicionales del gobierno para desmoronar cualquier intento de imparcialidad. Esto sucede lo mismo en el nombramiento de ministros a la SCJN que de Consejeros al INAI o al INE, o de las comisiones de derechos humanos. Peor aún, tenemos ejemplos de esta simulación a nivel federal, pero es una práctica común en los estados. 

Nos encontramos en el marco de varios nombramientos relevantes para la vida democrática del País: dos ministros de la Suprema Corte, el fiscal nacional, el fiscal anticorrupción, y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al mismo tiempo, en distintas entidades federativas se están nombrando (o están pendientes de nombrar) varios puestos clave para integrar los sistemas locales anticorrupción. ¿Cuáles son los criterios para hacer esos nombramientos? ¿Se están realizando con prácticas transparentes u opacas? ¿Se tienen claros los perfiles que se deben cubrir en cada puesto? ¿Cuáles serán los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas que operarán en estos procesos?

No hay duda: el gobierno federal electo debe marcar la pauta en estos procesos, generar una metodología abierta, transparente, participativa, con perfiles claros y públicos de los nombramientos, dando a conocer los currículums de los interesados, con audiencias públicas donde se presenten los programas que cada candidato propone. Ya la sociedad civil se ha organizado en torno a designaciones públicas para darle seguimiento a estos procesos (https://designaciones.org/federales/#!/principal). Lo que se espera es una señal clara del gobierno electo de que la vieja práctica de la simulación ha quedado atrás; que no se simulará autonomía de jure y se impondrán incondicionales de facto; que lejos ha quedado el viejo régimen; que la cuarta transformación no sólo apuesta al combate a la corrupción y la justicia social sino también a la rendición de cuentas y la conformación de órganos de justicia y de control verdaderamente autónomos. La moneda sigue en el aire…

Daniel Vázquez
Investigador del IIJ-UNAM
@LDVazquezV
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