De acuerdo con cifras del Colegio de Notarios del Estado, medio centenar de abogados que actualmente cuentan con una fiat entregado por el Congreso de Coahuila no ejercen la fe pública porque han preferido desempeñarse como funcionarios.

No es ninguna novedad, desde luego, enterarse que la política y la actividad notarial se mezclan de forma poco saludable. Hasta hace muy poco, lo acostumbrado era reseñar cómo, al final de cada sexenio, el titular del Poder Ejecutivo estatal realizaba, como uno de sus actos postreros en el cargo, un “reparto” discrecional de patentes notariales.

Lo usual ha sido que el listado de “agraciados” se integre por miembros del Poder Legislativo o del gabinete estatal, altos funcionarios municipales y estatales, así como prominentes figuras partidistas. La razón ha sido siempre un secreto a voces: históricamente las notarías se han entregado en Coahuila en “recompensa” a lealtades o favores políticos.

Pero, según se ve, un buen número de quienes utilizan su posición en el servicio público para hacerse con una fiat no tienen realmente mucho interés en dedicarse a la actividad notarial, pues su verdadera vocación –si acaso puede llamársele así– es el servicio público.

Así pues, la autorización que obtienen para ejercer como notarios constituye una suerte de “seguro de desempleo”, al que sólo se recurre en caso de no poder saltar al siguiente puesto o arribar a un cargo público por la vía de la elección popular.

E incluso quienes se han dedicado a realizar la actividad notarial no dudan en aceptar o perseguir un cargo público pues, según parece, acceder a un salario fijo en la nómina gubernamental es un “mejor negocio” que dedicarse a la atención de clientes.

Frente a tal realidad cabe preguntarse si no debería pensarse en reglas que limiten el trasiego entre la actividad notarial y la gubernamental. Y hace falta preguntárselo porque la de notario no es una labor privada sino pública que es delegada por el Estado, razón por la cual es necesaria su regulación en beneficio de la sociedad.

Si un profesionista del derecho busca convertirse en notario tendría que ser porque realmente quiere desempeñar esa labor, y no solamente para incorporar a su “patrimonio” una patente que utiliza como si se tratara de un bien privado que incluso es susceptible de heredarse.

Por otra parte, con el propósito de evitar el tráfico de influencias y el uso de las fiats como recompensa política, tendría que prohibirse que un funcionario público pueda convertirse en notario, además de establecer un plazo mínimo durante el cual, una vez concluido el encargo, un exfuncionario pueda aspirar a la función notarial.

Porque sin duda, las reglas actuales no solamente han pervertido el proceso de entrega de las fiats notariales, sino que los usos y costumbres alrededor de esta actividad deben generar consecuencias indeseables en el ejercicio de la función, habida cuenta de la ausencia de vocación de muchos de los individuos que acceden a la misma.