Nuestras violencias ya son, por su extensión, endémicas y, por su persistencia, crónicas. Una lista no exhaustiva de explicaciones desde luego debería incluir la incompetencia y la corrupción en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia; la exclusión económica y social; los maltratos en la familia; las insuficiencias educativas, públicas y privadas; la falta de servicios públicos básicos.

Ahí están las raíces de una inseguridad que va, de gravísima, a peor. De la última Encuesta Nacional de Victimización (Inegi), con datos de 2015, destaca que hay al menos una víctima de algún delito en uno de cada tres hogares y que la “cifra negra” (delitos no denunciados) es de 94%. 74% de los mexicanos mayores de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, siendo este el porcentaje más alto desde 2013, año en el que el Inegi comenzó esta encuesta.

En cuanto a homicidios, la comparación mes a mes entre 2015 y 2016 muestra que no hubo ninguno en que el número de homicidios estuviera por debajo del registro del año pasado. Ya en 2017, si enero fue uno de los más sangrientos inicios de año de que se tenga registro, febrero mantuvo la inercia, con más de dos mil asesinatos; esto es, 34% por encima de febrero de 2016. Y la tendencia es nacional: los asesinatos se han incrementado en 25 de las 32 entidades federativas. Si estos números son tendencia, no hay duda de que el presente año será peor que 2011, que a su vez fue el peor del sexenio pasado.

El Estado ha perdido capacidad para intervenir, contener, mediar. Por ello se multiplican ejemplos de privatización organizada de la violencia en la forma de retenes por parte de distintos grupos sociales, rondines armados o las denominadas “autodefensas” tanto rurales como urbanas.

Asimismo, se multiplican otras manifestaciones violentas en las que la turba actúa como una reacción a su enojo y frustración o individualmente insulta o agrede al otro sin medir las consecuencias y lo peor, a sabiendas de que la probabilidad de que reciba un castigo es prácticamente nula, por la impunidad y corrupción que permea en las instituciones de seguridad y justicia.

Y, sin embargo, no existe un reclamo ciudadano y político equivalente al reto. Catalogamos correctamente a nuestras instituciones como parte del problema, pero las condenamos a seguirlo siendo. Vivimos una profecía autocumplida, que es también suicida. Hay una especie de “anestesia moral”, por llamarla de algún modo, que deriva en el cinismo, una de nuestras principales enfermedades sociales.

Por parte del Gobierno Federal no hay reacción, como no sea la de negar la crisis y, contradictoriamente, impulsar una legislación de “seguridad interior”, fuertemente criticada por organizaciones sociales, no sin razón, dadas las ambigüedades contenidas en las iniciativas discutidas en el Congreso, y sin que se atienda la indolencia en la reconstrucción institucional que nuestras policías, nuestras procuradurías, nuestros sistemas judiciales y penitenciarios urgentemente requieren.

Es enorme el daño que nos hemos autoinfligido. Los asesinados, los secuestrados, los desaparecidos, no se van. Se quedan en familias y comunidades heridas, quizá por generaciones. Para contar con policías, procuradurías, juzgados y cárceles diferentes hay que imaginarlos de otra manera, construirlos con esquemas meritocráticos, cuidarlos y fiscalizarlos, valorarlos, Gobierno y sociedad, y convertirlos en proyectos, no de un partido ni de un Gobierno, sino del Estado mexicano. Debemos transformar nuestra indignación en análisis y participación activa para exigir acción y resultados. No retrasemos más la tarea. Vamos tarde.

@MaElenaMorera