Una de las palabras que más escuchamos en los discursos y declaraciones de los integrantes de la nueva administración federal es “ahorro”: decenas, cientos, miles de millones de pesos, nos han dicho, en apenas un mes y fracción de gestión, les han “ahorrado” a los contribuyentes con sus acciones.

Dos botones de muestra, difundidos apenas ayer:

El más importante –por el monto involucrado– fue informado por el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa matutina y tiene que ver con el “ahorro” que, asegura, ha logrado la estrategia de su gobierno contra el robo de combustibles: 2 mil 500 millones de pesos.

El segundo tiene que ver con el presupuesto que se destina al pago del salario y prestaciones de los empleados del Gobierno de la República en Coahuila. De acuerdo con su representante en la entidad, Reyes Flores Hurtado, la eliminación de las figuras de los delegados estatales implica un “ahorro” de 5 millones de pesos al mes, es decir, al menos 60 millones anuales.

Es importante destacar el uso de la palabra “ahorro” porque, como sabe cualquiera que administre un presupuesto –el del hogar o el de una empresa–, ahorrar significa dejar de gastar dinero que se tiene en el bolsillo y que pudo emplearse en cualquier cosa, hubiera estado programado ese gasto o no.

En el caso de los particulares o de las empresas, el ahorro tiene un propósito: generar un fondo para contingencias futuras, financiar un proyecto específico, pagar unas vacaciones, colocar el dinero en un fondo de inversión que genere dividendos, modernizar o expandir un negocio…

Pero en el caso específico del sector público, el “ahorro” no tiene el mismo significado. De hecho, el sector público ni siquiera puede proponerse “ahorrar” dinero porque los recursos de los cuales dispone son, por regla general, insuficientes para atender sus responsabilidades.

En todo caso, lo que el Gobierno debe hacer es eficientar el uso de los recursos en áreas específicas, a fin de estar en posibilidad de destinar más dinero a otras que, de forma contingente o derivado de políticas públicas puntuales, se consideran prioritarias.

Así pues, los anuncios de “ahorros” que escuchamos en forma recurrente en realidad son –en el mejor de los casos– ejercicios de eficiencia presupuestal que permitirán financiar otros proyectos, pero nunca dinero que “se queda en la caja” y no se gasta.

Por otro lado, el señalamiento en relación con la disminución del robo de combustible no es un “ahorro” realmente. Puede ser, acaso, una disminución de las pérdidas de Pemex que deberían traducirse en incremento de sus utilidades al final del ejercicio fiscal.

Y en el caso de los salarios de los desaparecidos delegados, tampoco es un “ahorro”, porque ni siquiera estaba presupuestada tal erogación. Podría ser, sí, que el costo de la nómina que el Gobierno Federal paga en Coahuila haya disminuido, pero para tener certeza de eso hacen falta más datos.

No está mal que el Gobierno Federal disminuya el costo de su operación, pero valdría la pena que no se utilicen eufemismos para informar sobre sus acciones, sino que se ofrezcan análisis robustos que permitan analizar con seriedad lo que realmente está ocurriendo.