Como se ha venido publicando en nuestras páginas, el “nuevo padrón” de proveedores de carbón mineral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) parece todo, menos uno capaz de ofrecer el compromiso esencial de quienes lo anunciaron: poner fin a la corrupción.

Y es que, además de incluir al menos una “empresa fantasma”, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, al menos 11 de las empresas admitidas a este listado habrían sido investigadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación por diversas irregularidades.

No se trata de temas sobre los cuales habría que indagar largamente para descubrirlos, sino de cuestiones que pudieron ser fácilmente detectadas por los funcionarios del Gobierno Federal que participaron, al menos en teoría, en la supervisión de citado padrón.

¿Por qué? Porque se trata de presuntas irregularidades documentadas por el órgano superior de fiscalización del Gobierno Federal que implican, entre otras, no haber realizado declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria o incumplir con el pago de cuotas al IMSS.

¿Cómo fue que tales “detalles”, que aparecen en documentos públicos, no fueron detectados por quienes se encargaron de elaborar el padrón de “nuevos” proveedores de la CFE?

El hecho obliga a cuestionar nuevamente las razones por las cuales, en su momento, se informó que el listado final de quienes sí podrán vender carbón mineral a CFE -y que recibirán los contratos respectivos, vía adjudicaciones directas- permanecería “en reserva”.

La versión oficial, como se ha informado, fue que se trataba de “razones de seguridad”, es decir, que obedecía a la intención de minimizar los riesgos a los cuales se encontrarían expuestos los empresarios seleccionados, frente a los intereses de grupos delincuenciales.

Es cierto que existen múltiples evidencias en el sentido de que la región Carbonífera de Coahuila se convirtió en uno de los lugares de operación de grupos del crimen organizado y que la reactivación del flujo de dinero, derivado de los pagos que la CFE realizará a los productores de carbón, podría constituirse en un riesgo para para quienes lo recibieran.

Sin embargo, la “secrecía” del padrón de proveedores, ni es la única forma de “protegerles”, ni la más eficaz. Porque como bien reza la voz popular, una de las cosas que no pueden ocultarse en este mundo es el dinero.

Por ello, ante las evidencias que han venido surgiendo luego de conocerse -derivado de una filtración- el padrón de proveedores, invitan a sospechar que la verdadera intención de esta decisión podría ser más bien la preservación de los cotos de corrupción que han caracterizado a la explotación carbonífera en Coahuila.

Por ello, como ha sido señalado con anterioridad, de poco vale que se declare la intención de combatir la corrupción y que el tráfico de influencias en esta actividad económica desaparezca, si toda la evidencia a la mano apunta exactamente en la dirección contraria, es decir, que las corruptelas de unos, solamente serán sustituidas por las de otros.