Lo que debe hacerse es garantizar ambos derechos al mismo tiempo: el de formar partidos políticos y el de que se nos rinda cuentas sobre el dinero público


La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer el dictamen que abre a la puerta a la existencia de tres nuevos partidos políticos nacionales en México. Dicho dictamen aún deberá ser discutido –y eventualmente aprobado– hoy, en sesión de Consejo General, pero en caso de ocurrir así, la elección federal de 2021 contará con la participación de una decena de organización partidistas.

El surgimiento de nuevos partidos políticos –nacionales o estatales– es uno de esos temas que generan controversia en nuestro país pues suele considerarse que “ya no se necesitan más partidos”, o bien que hay muchos partidos que solamente son “una simulación”.

No falta razón a quienes así piensan, pues abunda la evidencia sobre partidos –minorías por regla general– cuya existencia sólo ha servido para que sus dirigentes –literalmente, “sus dueños”– se hayan enriquecido aprovechando el dinero público que reciben.

Sin embargo, tal juicio sólo considera la conducta desviada –y ciertamente condenable– de algunos dirigentes partidistas que, encima de todo, han logrado perpetrar actos ilegales con absoluta impunidad.

Sin embargo, es necesario tener claro también que el de asociarse y, en particular, el de asociarse para buscar la conquista del poder público, es un derecho inherente a cualquier sociedad democrática. De hecho, no puede existir esta si no se garantiza tal derecho.

Esto no quiere decir, desde luego, que en aras de garantizar el derecho de asociación deba permitirse tropelías en perjuicio de los intereses colectivos. Lo que debe hacerse es garantizar ambos derechos al mismo tiempo: el de formar partidos políticos –para quienes deseen hacerlo– y el de que se nos rinda cuentas sobre el dinero público –para todos los demás.

Es importante también que se debata sobre la pertinencia de que surjan nuevos partidos, pero tal discusión no debe darse en torno a si la participación de tal o cual persona entre sus militantes o dirigentes suma o resta legitimidad a la intención de formarlos. El debate debe centrarse en tener claro si cumplieron o no los requisitos que la ley establece para formar un partido.

Por lo demás, también es necesario que quienes integran la clase política de nuestro país se comprometan con el establecimiento de reglas más rígidas para la fiscalización de los recursos públicos que se entregan a los partidos, así como de castigos más severos para quienes las incumplan.

Todo ello debe servir para consolidar una estructura tendiente a garantizar múltiples derechos de forma simultánea. Derechos de los cuales somos depositarios todos: el de asociarse, acceder al financiamiento público, votar y ser votados, que son los más obvios, pero también el de participar en las decisiones colectivas respecto de cuáles son las fuerzas políticas que deben existir porque, además de cumplir los requisitos legales para obtener un registro, reciban en las urnas el respaldo popular.

En la medida que ello ocurra, el surgimiento de nuevos partidos podrá convertirse en un elemento que fortalezca nuestra democracia y no, como ocurre ahora, apenas en motivo de polarización debido a los prejuicios a partir de los cuales se juzga a las personas públicas.