La información pública en poder de las instituciones gubernamentales es pública por definición, de acuerdo con los preceptos legales en vigor. Eso implica que sólo por excepción –excepción que debe ser justificada– la información que sobre su quehacer tienen las dependencias puede ser alejada de la vista del público.

Conviene precisar el principio anterior para tener claro que cuando un funcionario, de cualquier dependencia, se niega a entregarle a un ciudadano la información que solicita existe sobrada razón para considerar que se trata de un intento por ocultar datos, mediante los cuales se pondrían al descubierto actos de corrupción cometidos en perjuicio del interés público.

Y es que es muy difícil explicar de otra manera una actitud como la arriba descrita, pues si no existe nada irregular, si no se intenta ocultar un acto de corrupción, y el ciudadano tiene derecho a saber, ¿por qué resistirse a entregar lo que se pide?

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la negativa contumaz de quienes dirigen la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) para entregar información que les ha sido solicitada por un ciudadano.

¿En qué razón justificada puede escudarse una dependencia pública para “esconder” los contratos que ha firmado con otra dependencia pública, así como los anexos que formen parte de dicho contrato?

Porque eso es lo que se le ha pedido a la Prodemi: que entregue copia de los contratos que ha firmado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fungir como intermediaria en la compra-venta de carbón que dicha dependencia pública acopia de pequeños productores.

¿Qué secreto esconden los contratos firmados con la CFE que tan celosamente son guardados por los funcionarios de la Prodemi, arriesgándose incluso a que se les imponga una sanción por incumplir una resolución del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI)?

Resulta incomprensible la actitud asumida por el equipo que encabeza Javier Gómez Acuña a quien, de acuerdo con la información que publicamos en esta edición, podría costarle el puesto mantener la actitud de opacidad que ha mostrado hasta ahora.

Porque nadie creerá –si acaso se intenta esgrimir tal argumento– que la persona responsable de atender las solicitudes de acceso a la información en la Prodemi es quien ha decidido no entregar los datos que, derivado de la solicitud de un ciudadano, el ICAI ha ordenado revelar.

Acaso tendríamos que preguntarnos si tampoco es Gómez Acuña quien se opone a que dichos contratos sean revelados, sino alguien más en la estructura gubernamental de Coahuila.

En este sentido, valdría la pena que el propio secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, a cuya dependencia está sectorizada la Prodemi aclarara si la resistencia mostrada para exhibir los contratos obedece a una “orden superior” o si es un interés personal del director de la dependencia.

Mientras más se extienda el silencio, más se consolidará la sospecha de que detrás de los contratos hay algo turbio.