Cuánto debemos pagar los mexicanos por la solidaridad con los migrantes extranjeros y determinar, con estricto sentido práctico, si dicha solidaridad debiera tener un límite

De acuerdo con cifras de la Unidad Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el estado de Coahuila está recibiendo una auténtica “avalancha” de migrantes extranjeros a partir de que el Gobierno de México “pactara” con el de Estados Unidos convertirnos –aunque no oficialmente– en tercer país seguro.

Como publicamos en esta edición, las cifras hablan por sí solas: durante el primer semestre de 2018 las autoridades mexicanas repatriaron a sus respectivos países, desde Coahuila, a 324 personas. En los primeros seis meses de 2019 el número casi se multiplicó por nueve y llegó a los 2 mil 879.

Para dimensionar el fenómeno es importante señalar que la cifra del primer semestre de este año ya supera la de todo el 2018, cuando fueron expulsados desde Coahuila 2 mil 101 extranjeros.

Este no es el único número al cual debe prestarse atención. También debe tenerse en cuenta que otros mil 438 extranjeros detenidos por autoridades mexicanas o entregados a éstas por sus homólogas estadounidenses, permanecen en territorio nacional, tras otorgárseles alguno de los estatus que implican que México actúe como tercer país seguro.

A partir de las cifras resulta obligado formular algunas preguntas:

¿Cuánto del costo económico que implica recibir y detener ciudadanos extranjeros y garantizar que regresen a sus países de origen está siendo sufragado por los contribuyentes mexicanos? ¿El Gobierno de Estados Unidos está “pagando” porque México reciba a los extranjeros que deporta y deben ser devueltos a su país?

No se trata de ver el fenómeno desde la mezquindad sino de hacernos cargo de una realidad concreta: garantizar los derechos de las personas es una obligación, cierto, pero eso tiene un costo económico y éste debe cuantificarse para saber cuánto debemos pagar los ciudadanos mexicanos por la solidaridad con los migrantes extranjeros y determinar, con estricto sentido práctico, si dicha solidaridad debiera tener un límite.

¿Cuántas personas más puede absorber México? Es decir, ¿de cuánto presupuesto se dispone para garantizar que quienes se quedan en el País en espera de la resolución de sus casos en Estados Unidos –proceso que puede tardar hasta dos años– tengan a salvo todos sus derechos?

Y aquí es necesario tener en cuenta un hecho puntual: la “oleada” de migrantes que estamos recibiendo es producto de una mala decisión del Gobierno de la República que “alentó” –de forma directa e indirecta– el surgimiento de las caravanas que desde Centroamérica llegaron a nuestro País en los últimos meses.

Como se ha reseñado de forma prolija, el presidente Donald Trump obligó a México a hacerse cargo de las consecuencias del éxodo centroamericano, amenazándonos con imponer aranceles crecientes a los productos mexicanos y ahora estamos pagando la factura por ello.

¿Cuánto nos está costando eso? Resulta necesario saberlo, de la misma forma que es necesario saber cuánto más podemos seguir pagando por el error cometido.