Opacidad: la otra pandemia de la frontera
La declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 cerró negocios y obligó a la cuarentena de la población, pero abrió los candados básicos de adquisiciones en las entidades de la frontera norte. El método del concurso o la licitación fue dejado de lado y, así, sin los mínimos controles, las entidades ejercieron recursos públicos dedicados a atender la emergencia
Texto: Juan Manuel Ramos
Entre marzo y septiembre de 2020 los seis estados de la frontera norte de México y Baja California Sur destinaron millones de pesos a insumos y servicios enfocados en atender la emergencia sanitaria por COVID-19, gastos que no pueden ser comprobados mediante transparencia, pues las entidades carecen de respaldo documental y de bases de datos completas de las adquisiciones.
¿Quién, después de gastar una fuerte suma de dinero, no cuenta con un comprobante o documento que avale cuánto dinero gastó y a quién se lo pagó? En los estados de la frontera norte de México esta fue una situación recurrente durante los primeros siete meses de la pandemia.
Diferencias notables en los reportes de gasto de recursos públicos destinados a la contingencia sanitaria y falta de padrones de beneficiarios y de facturas son algunas de las irregularidades identificadas en esta investigación.
Mediante 162 solicitudes de acceso a la información pública se cuestionó a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas sobre el ejercicio de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria.
Se detectó que los datos que ponían a disposición del público mediante sus páginas de Internet oficiales -que también replicaban en medios de comunicación- no coincidían con las cifras que entregaban vía transparencia y que, además, carecían de un respaldo documental completo.
El gasto público destinado a salud se encuentra entre los rubros en los que más irregularidades se registran, señaló Viridiana Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard y analista política.
“Nos sorprendió mucho lo que está pasando en materia de salud, y esto es particularmente relevante ahora que estamos enfrentando la pandemia en México”, señaló la autora de “La otra mafia del poder”, estudio que detalla los esquemas de corrupción relacionados con el dinero destinado a gasto social, y que fue resultado de analizar las auditorías de la federación de los últimos 18 años.
“Resulta que cerca del 14 por ciento de la totalidad de las irregularidades se concentra en gasto originalmente destinado a la salud”, agregó Ríos.
Ante el precedente que hay en México de corrupción y opacidad de los gastos realizados con dinero público, esta investigación analizó a fondo si se estaban transparentando las adquisiciones realizadas por COVID-19 en el norte de México.
Adjudicaciones directas y sin transparencia
Fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia; al considerarse una emergencia sanitaria global, las autoridades mexicanas debieron equiparse lo más rápido posible para atenderla.
Por este motivo no se llevaron a cabo las licitaciones que por Ley deben realizarse entre las empresas interesadas en proveer a los gobiernos de bienes y servicios, pues, al tratarse de una emergencia nacional, las unidades de compra pudieron excluir esta parte del proceso.
La situación derivó en que los gobiernos adquirieron por asignación directa insumos, medicamentos y demás productos orientados a la atención de la emergencia para diferentes áreas.
De acuerdo con los datos obtenidos mediante acceso a la información pública, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas habían gastado 5 mil 231 millones 254 mil 564 pesos hasta el 5 de septiembre.
Sin embargo, si un ciudadano quisiera ver facturas y conocer con exactitud cuánto costó cada producto y quiénes fueron los beneficiarios, se enfrentaría a un problema, pues ninguno de los siete estados pudo entregar los datos completos vía transparencia.
Evaluar cómo se están transparentando los recursos en tiempo de pandemia es un esfuerzo necesario y muy importante, argumentó Justine Dupuy, coordinadora del programa de combate a la corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
“La expresión documental de la disposición final del beneficio deberá ir acompañada de documentos firmados por los beneficiarios y algún medio de identificación de las personas”, recalcó Dupuy.
Montos erogados no coinciden
El Gobierno del estado de Chihuahua informó en su página de Internet haber gastado 3 mil 465 millones de pesos mientras que, por acceso a la información pública, reportó 234 millones de pesos: una diferencia de 3 mil 231 millones de pesos entre ambos montos.
El 18 y el 23 de febrero, el autor de esta investigación buscó conocer la postura del Gobierno de Chihuahua mediante correos electrónicos y llamadas a la oficina de Comunicación Social con el fin de cuestionar sobre las irregularidades detectadas en las solicitudes de acceso a la información pública sin obtener respuesta.
Baja California, Baja California Sur y Sonora, por su parte, no contaban (a la fecha de realización del reportaje Marzo a septiembre 2020) con información en su página de internet, pero sí entregaron montos vía transparencia, razón por la cual no se pudo contrastar la información.
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas no proporcionaron montos gastados por las dependencias. En su lugar respondieron con un enlace al micrositio de información de acciones y gasto COVID-19, por lo que no fue posible contrastar lo publicado contra lo respondido vía solicitudes de información pública.
También por acceso a la información pública se solicitó a cada uno de los estados de la frontera norte que proporcionaran el padrón de beneficiarios de las adquisiciones, listado que solo Nuevo León entregó y fue incompleto, pues faltó el área de salud, donde este estado concentra el 80% del gasto que reporta.
¿Y las facturas?
Respecto a las facturas, se le solicitó a cada estado la expresión documental de los insumos adquiridos o pagados para mitigar y combatir los efectos de la emergencia causada por el COVID-19.
De acuerdo con la investigadora Justin Dupuy, es importante que detrás de una adquisición realizada con dinero público exista un respaldo que permita corroborar la información.
“De modo que se pueda verificar posteriormente la entrega de apoyos directos o en especie y se eliminen riesgos de corrupción. Se debe contar con un registro documental más allá de las fotos o videos”, indicó Dupuy.
Pese a la importancia que tienen estos documentos en la rendición de cuentas, todos los estados fronterizos de México resultaron incompetentes a la hora de proporcionarlos.
Baja California entregó información a medias, pues dos oficinas sí pudieron enviar facturas, mientras que dos dependencias no respondieron a las solicitudes de acceso a la información pública.
En Baja California Sur dos unidades de compra solicitaron el pago de tres pesos por cada copia que requiriera la respuesta, mientras que otro sujeto obligado indicó que únicamente podía proporcionar los documentos en un disco compacto.
Del estado de Coahuila sólo se obtuvo respuesta por parte de un sujeto obligado, mientras que los demás no contestaron o pidieron un pago para proveedor las facturas.
En Nuevo León, de las cuatro dependencias a las que se solicitó información sobre las facturas, únicamente la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado respondió también a cambio de pago previo.
En Tamaulipas se solicitó información de tres dependencias, de las cuales solo contestó la Secretaría de Salud, pero para alegar que la información requerida era “confidencial”.
Y en el estado de Sonora dos dependencias entregaron la información completa y dos no respondieron.
Compras sin destinatario claro
Ninguno de los estados fronterizos pudo entregar mediante acceso a la información un padrón de beneficiarios y a medias lograron comprobar la existencia de un padrón de proveedores con el monto entregado a cada uno.
Para la elaboración de este reportaje, a cada entidad se le pidieron las listas, padrones y registros de beneficiarios de los programas, acciones, campañas y similares, de cualquier apoyo a la población orientado a mitigar y combatir los efectos de la emergencia sanitaria.
De las dependencias que corresponden a Baja California dos contestaron con información incompleta: sólo brindaron la cantidad de personas beneficiadas y un archivo que no contenía los datos solicitados.
Se buscó conocer la postura del Gobierno de Baja California mediante Comunicación Social para ampliar la información el 18 de febrero y no se obtuvo respuesta. El 23 de febrero de nuevo se pidió contraparte, pero la petición se redireccionó al área de transparencia.
Del estado de Baja California Sur ninguna dependencia entregó información de lista o padrones de beneficiarios. La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social de este estado respondió que solo entregaban la información de manera física.
En Chihuahua sólo una dependencia proporcionó la información completa, con nombre y dirección de los beneficiados, mientras que dos organismos entregaron información a medias y otra oficina respondió que no era competente.
En el estado de Coahuila dos dependencias no entregaron la información y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social brindó una pequeña selección de 14 fotos que no respalda el total de los apoyos otorgados.
Sólo dos dependencias del Gobierno de Nuevo León cumplieron en enviar la información completa, publicada en su sitio web, con lista e información de los beneficiados.
En Tamaulipas, únicamente la Secretaría de Bienestar Social envió un link que contenía información incompleta de los datos solicitados, es decir, el sitio web no cuenta con nombres e información de las personas beneficiadas.
Del estado de Sonora no se pudieron obtener datos a través de la ley de acceso a la información pública, sin embargo, Servicios de Salud del Estado compartió datos con la descripción de los programas sociales, mas no de los beneficiarios.
Opacidad en el rubro de la salud es recurrente en México
Un claro ejemplo de irregularidades se puede tomar de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el ejercicio fiscal 2019, en las que, de 85 mil 313 millones de pesos se detectó incumplimiento por un monto de 14 mil 401 millones: más del 16 por ciento del gasto auditado.
De acuerdo con la especialista en temas de corrupción Viridiana Ríos, ante el panorama de la actual contingencia sanitaria, en la que todos los estados de la frontera norte pueden contratar servicios y productos destinados para salud sin licitar, se espera un incremento de la corrupción.
“Me parece que, probablemente, lo que observaremos es una gran cantidad de irregularidades en las entidades federativas y eso también es algo que muestra el estudio. El estudio muestra que la gran mayoría, 8 de cada 10 pesos irregulares, fueron gastados por los estados”, indicó Ríos.
Entre las observaciones detectadas a los estados en la Auditoría Superior de la Federación están la falta de documentación, recursos no ejercidos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y pago excedente en sueldos.
Cabe destacar que, de las irregularidades identificadas durante 2019, sólo se aclararon 4 mil 864 millones de pesos y 9 mil 169 están pendientes de aclarar.
Deudas y falta de auditoría en la frontera
En Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Baja California, los Congresos locales aprobaron modificaciones a las leyes de ingresos y egresos para permitir ampliar el gasto destinado a salud, así como la contratación de deuda, para destinar recursos extraordinarios a la pandemia de COVID-19.
Así, por ejemplo, el Congreso de Tamaulipas aprobó al gobierno estatal una deuda por 4 mil 200 millones de pesos; en Sonora la aprobación de deuda fue por mil 300 millones. En Chihuahua las diputadas y diputados autorizaron reasignación presupuestal sin límites. Nuevo León aprobó reasignación entre secretarías del ejecutivo superiores al 10%, pues la Ley local permitía esa facultad discrecional al Secretario de Finanzas pero con tope de 10%.
Sin embargo, únicamente Sonora respondió que se están realizando auditorías en tiempo real del gasto ejercido por el COVID-19, mientras Baja California, Tamaulipas y Chihuahua informaron -hasta el mes de septiembre- que no habían iniciado algún proceso de fiscalización.
Los estados de Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur señalaron que sí planeaban llevar a cabo este proceso, pero hasta este año, sin especificar la fecha.
Pese a las recomendaciones de los especialistas, los gobiernos estatales de la frontera norte han opacado el gasto destinado a la pandemia de COVID-19, como quedó evidenciado en las solicitudes de información realizadas para este trabajo.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
