La presunta constatación de que los cárteles mexicanos de la droga siguen operando a gran escala habría generado la exigencia de que se realizaran acciones eficaces para detener el trasiego

El periodista Óscar Balderas difundió ayer, a través de la señal de MVS, información según la cual el fallido operativo realizado la semana anterior en Culiacán, Sinaloa, habría sido realizado a partir de una exigencia del Gobierno de los Estados Unidos para detener el tráfico de drogas desde México.

La exigencia, a su vez, habría tenido origen en un visita “secreta” realizada por funcionarios estadounidenses a territorio nacional, el pasado 11 de septiembre, para conocer en el terreno los resultados de la lucha mexicana contra las drogas.

El periodista, quien acompañó su reporte de imágenes presuntamente captadas durante la visita norteamericana a Sinaloa, asegura haber confirmado la existencia del viaje así como la emisión de un reporte que “generó alarma” en la Casa Blanca.

El informe daría cuenta de la existencia, en territorio sinaloense, de laboratorios clandestinos para la producción de grandes cantidades de metanfetaminas, uno de los cuales habría sido asegurado y desmantelado por autoridades mexicanas y visitado por los funcionarios del vecino país.

La presunta constatación de que los cárteles mexicanos de la droga siguen operando a gran escala habría generado la exigencia de que se realizaran acciones eficaces para detener el trasiego de estupefacientes a través de la frontera común. Una de esas acciones solicitadas sería la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

De ser cierta la especie, la humillación a la cual fueron sometidas las corporaciones mexicanas de seguridad podría ser la primera de una serie, pues la lógica con la cual se habría ejecutado el operativo de la semana anterior pareciera ser la misma que convirtió a la Guardia Nacional en una suerte de “extensión” de la Border Patrol de los Estados Unidos.

Como se informó en su oportunidad, la amenaza de Donald Trump de imponer fuertes aranceles a los productos mexicanos, si no se implementaban acciones concretas para detener la migración ilegal hacia el territorio de nuestros vecinos, derivó en la asignación de miles de efectivos a labores “protección fronteriza”.

La información difundida ayer pone la sobre la mesa la posibilidad de que la política doméstica de combate a los cárteles de la droga constituya una imposición más del Gobierno de los Estados Unidos. Lo único que hace falta para confirmar la especie es que el presidente Trump salga a proferir una de sus acostumbradas amenazas si México no hace lo que él quiere.

La cooperación internacional para el combate a la delincuencia transnacional es indispensable y ésta implica el intercambio de información y tecnología, así como la planeación y ejecución de operaciones conjuntas.

Pero una cosa es cooperar en la persecución de objetivos comunes y otra muy distinta poner en manos del gobierno estadounidense las decisiones sobre todo si, al final, ello se traducen en pifias como la de la semana anterior que sólo debilitan a las instituciones de nuestro País.