Los promotores de la iniciativa seguramente dirán que han sido impedidos de buscar justicia en un caso en el que presuntamente se ha probado la existencia de un ilícito

 

Si de algo estamos cansados los ciudadanos es de que los integrantes de nuestra clase política dediquen la mayor parte de su tiempo a acusarse mutuamente de todo tipo de tropelías, pero, más allá de la pirotecnia verbal, molesta que poco o nada ocurra para castigar las presuntas anomalías.

La historia es exactamente la misma en todas partes: allí donde gobiernan los rojos, son acusados por los azules, los amarillos y, en general la oposición, de ser corruptos, de pervertir los programas sociales y de trampear las elecciones. Exactamente las mismas acusaciones que pueden escucharse allí donde gobiernan los azules, los morados, los naranjas y los de cualquier color.

A fuerza de coleccionar acusaciones, una cosa va quedando clara: ni a unos ni a otros les interesa realmente combatir la corrupción ni transformar la realidad. Lo único que les interesa es convencernos de que el combate a la corrupción se agota con la denuncia.

El problema es que entre la denuncia y el castigo existe un abismo de diferencia -claramente insalvable en el caso de nuestro país- que puede sintetizarse en una frase: de nada nos sirve a los ciudadanos tener “valientes denunciantes” de la corrupción si, al final, el corolario de la historia es siempre el mismo: la impunidad.

Lo peor viene cuando la “valerosa oposición” -de todos los colores- viene a decirnos que “ellos cumplieron” denunciando y que era todo lo que podían hacer, pues “la perversión” de sus opositores impide lograr más.

El comentario viene al caso a propósito del enésimo fracaso de la oposición legislativa de Coahuila -que, paradójicamente, es mayoría- para castigar los presuntos excesos cometidos en el ejercicio del presupuesto público estatal.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, una parte de quienes integran la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso Local intentó remitir al pleno del Poder Legislativo un dictamen mediante el cual solicitaría iniciar juicio político en contra del ex gobernador Rubén Moreira y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval.

El intento, sin embargo, fue contenido por los representantes del PRI, el PRD y Morena quienes se opusieron a cinco de los siete resolutivos que contiene el dictamen por lo que, al haber sido rechazado en comisiones, no puede ser conocido por el pleno.

Los promotores de la iniciativa seguramente dirán que han sido impedidos de buscar justicia en un caso en el que presuntamente se ha probado la existencia de un ilícito, porque la complicidad de quienes votaron en contra del dictamen se los impidió. Y pretenderán que con eso nos conformemos los ciudadanos.

La realidad es muy diferente: en 2017 los coahuilenses votaron mayoritariamente para entregarle a la oposición el control del Congreso; toca ahora a quienes recibieron ese mandato probar que poseen el talento suficiente para cumplir con la encomienda de ser un contrapeso auténtico.

Cualquier argumento en contrario es apenas un pálido pretexto que sólo evidencia como, en el fondo, corrupción e incompetencia constituyen dos características transversales a nuestra clase política.