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Organizaciones de la Sociedad Civil que se financian con fondos privados no han podido recibir donativos en lo que va del año por el retraso de la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas 2019, en el Diario Oficial de la Federación, y la acreditación por parte del SAT para expedir recibos deducibles de impuestos.

Por Claudia Ramos y Yuriria Ávila @malamadremx @yag310 para Animal Político
 
La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no transferir recursos a ninguna organización de la sociedad civil ha transcendido el Presupuesto Federal. Ahora OSC corren el riesgo de quedarse sin financiamiento privado, ante el retraso de la acreditación y de la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas para este año, en el Diario Oficial de la Federación.

Desde el 2005, fecha en que la Administración Pública Federal empezó a entregar recursos públicos a asociaciones civiles, la acreditación individual por organización y la publicación del directorio en el DOF se realizaba a más tardar en febrero del año en curso. Esto no ha sucedido en lo que va del 2019, lo que ha provocado que organizaciones que dependen de fondos privados para subsistir no estén recibiendo de momento dicho financiamiento.

Es el caso de la Fundación Reintegra, organización de la sociedad civil con 35 años de existencia que trabaja con programas de prevención del delito, para reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, particularmente jóvenes de escasos recursos económicos.

La fundación recibe un financiamiento anual promedio de 13 millones de pesos provenientes de donaciones privadas, las cuales se encuentran en riesgo. De hecho le quedan fondos para realizar su trabajo por un máximo de tres quincenas más, de acuerdo con los cálculos de su directora, Jimena Cándano.

“Por lo general se publica en el Diario Oficial de la Federación en enero, máximo febrero. Pero ya estamos a mediados de marzo. No se ha publicado y las únicas respuestas del SAT son ‘estén pendientes, ya la publicaremos’. Pero mientras tanto nuestros donadores, sobre todo empresas y fundaciones donatarias, no nos quieren donar hasta que no tengamos la autorización”.

El SAT informó a Fundación Reintegra que podían utilizar la autorización de 2018, pero los donantes no se quieren arriesgar puesto que la Miscelánea Fiscal establece que la vigencia es sólo por ese año, además de que temen que la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos sea revocada en 2019 no sólo para Reintegra, sino para todas las organizaciones.

“La vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles es de un año y el SAT nos contestó que utilicemos la del 2018 que sigue vigente, pero eso no es así porque la Miscelánea dice un año y esa autorización no nos la toma ninguna fundación de segundo piso, ni ningún donatario, porque no tenemos cómo acreditar nuestro carácter de donataria. Todo mundo tiene bastante recelo de dar la aportación porque no saben si al final la respuesta va a ser que ya no van a autorizar a nadie, y nadie va a poder deducir, que es uno de los rumores que corren.

“Y están esperando porque cuentan por ahí que van a querer presentar una iniciativa de ley para quitar la deducibilidad, pero mientras tanto nosotros no vamos a aguantar tres quincenas más para pagarle al equipo sin que nos dejen por lo menos recibir donativos. No nos están negando la autorización, sino que el gobierno está siendo omiso”, explica Cándano.

Todos los años, en el Anexo 14 de la Miscelánea Fiscal el gobierno federal publica la lista de las organizaciones autorizadas para recibir donativos y dar recibos de deducibilidad. Personas físicas y morales tienen un tope de hasta el 7 % de lo que pagan de impuestos para deducirlo vía estos donativos. En el caso de Fundación Reintegra, este esquema les ha permitido financiar los tres programas con los que atienden actualmente a 5 mil niñas, niños, jóvenes, sus familias y sus maestros, a los que dan asistencia y defensa jurídica mientras los adolescentes siguen su proceso en libertad, con el objetivo de promover su reinserción en la comunidad.

“El trabajo que hacemos no es de esos que la gente se desborda por donarte; muchos lo que te dicen es ‘yo para qué quiero apoyar a un delincuente’. Entonces no tenemos una bolsa ahorrada para mantenernos y somos un equipo muy grande para hacer todo nuestro trabajo. Este mismo problema lo tiene Jóvenes Constructores de la Comunidad y todos los que trabajamos en la red. Todos estamos igual porque al ser omiso el gobierno, los particulares dicen ‘en donde te la quiten porque te quejaste por la Guardia Nacional o lo que sea, yo ya me atoré y si ya te di el dinero ya no lo voy a poder deducir’.

“El no publicar las OSC que tenemos deducibilidad impide que empresarios, personas físicas, fundaciones de segundo piso nos donen dinero, que es de lo que en realidad sobrevivimos, porque a nosotros el gobierno no nos da dinero”, advirtió la directora de Reintegra.

La Fundación atiende hoy al 60 % de los jóvenes que cometieron algún delito en la Ciudad de México, y ya recibieron solicitudes del Poder Judicial y del gobierno capitalino de atender más, lo que complica más su situación económica.

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“Poder Judicial y gobierno de la Ciudad de México nos pidieron que atendamos a más porque ellos corrieron a todos sus psicólogos y cerraron el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), entonces además le estamos haciendo al Poder Judicial todos sus perfiles psicosociales y adictológicos, y no tengo con qué pagarle a mi equipo”, expresó. “Literal ahorita atendemos más jóvenes nosotros que el gobierno de la Ciudad de México y con una tasa de éxito del 96 % en la reinserción de adolescentes”.

Una de las posibles explicaciones para la demora en la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas 2019 en el DOF es un cambio que se pidió el año pasado, todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que las OSC modificaran sus estatutos e incluyeran la obligatoriedad de donar sus activos a otra OSC, en caso de disolver la organización.

Sin embargo, la falta de información oficial ya llevó a Fundación Reintegra y otras organizaciones a presentar solicitudes de información vía transparencia, y preparar la posibilidad de solicitar un amparo.