‘Papeles de Hacienda’: la relación de los ‘favoritos’

Como se había anunciado –y podía sospecharse– desde el principio, los nombres que han comenzado a aparecer, en relación con la lista de empresas beneficiadas por la política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de “perdonar” créditos fiscales, no son los de personas ordinarias.

Tampoco pertenecen a personas “extraordinarias” en el sentido positivo del término, sino que se trata de apellidos en torno a los cuales existe, por decir lo menos, “sospechas” de que se han beneficiado –indebidamente– de sus nexos con el poder.

Pero incluso si esto último no fuera cierto, se trata de nombres ligados a firmas y marcas nacionales cuyo signo distintivo es el de pertenecer a la élite económica nacional, al selecto grupo de apellidos en torno a los cuales se acumula la mayor parte del ingreso del País.

No causa sorpresa, por supuesto, pero la constatación tampoco puede concitar el asentimiento. De acuerdo con la opinión de especialistas, en el caso de los “papeles de Hacienda” claramente nos encontramos ante un ejemplo en el cual la ley hacendaria se utilizó para favorecer los intereses de grupos económicos para los cuales no fue diseñada.

Frente a tal diagnóstico, la mesa está servida para la polémica: ¿las “excepciones” que presumiblemente realizó el Servicio de Administración Tributaria con empresas como Televisa y Tv Azteca, los bancos Multiva, Inbursa, Banco Ahorro Famsa y Banco del Bajío constituyen un “pago de favores” de la administración federal a quienes previamente le habrían apoyado para llegar al poder?

No es ésta, por supuesto, la única explicación posible, pero los antecedentes de la política nacional convocan de inmediato a considerar la posibilidad de que la “generosidad” del SAT no sea casual, sino producto de una causalidad fácilmente identificable.

En cualquier caso, sin importar la causa que les dio origen, las multimillonarias condonaciones realizadas a favor de estas empresas, y que suman decenas de miles de millones de pesos, representan un agravio para una sociedad cuyos miembros, de forma mayoritaria, padecen continuamente la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

No estamos ante un caso cualquiera de presunta corrupción, sino ante uno de los hechos más escandalosos de la historia del País o, al menos, frente a uno de los más escandalosos que hayan visto la luz pública. Se trata de un caso que no puede simplemente pasar frente a nuestros ojos sin que el Gobierno de la República nos ofrezca una explicación.

El listado de contribuyentes “consentidos” que ha sido puesto al descubierto representa un botón de muestra de las razones estructurales por las cuales la desigualdad constituye el signo más evidente de nuestra sociedad. En la explicación de las razones por las cuales dejó de cobrarse más de 51 mil millones de pesos a unas pocas familias se encuentra también la explicación de por qué no hemos sido capaces de combatir eficazmente la pobreza que aqueja a millones de familias mexicanas condenadas a sobrevivir solamente.