Para los ciudadanos de a pie

Cuando el 27 de mayo se publicó la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción me llegó un atisbo de esperanza, con sus respectivas incredulidades. La creación de este Sistema significaría la inclusión de la ciudadanía en el proceso de transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad. 

En el caso de Coahuila se llevaron a cabo las designaciones del Fiscal General, el Comité de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana en medio de un proceso cuestionado por adolecer, precisamente, de su característica primordial, incluir a la ciudadanía.

Si bien algunos de los nombramientos resultan cuestionables –para quien cuente con una computadora y dedique unas horas a buscar en internet los perfiles de cada miembro del Sistema Estatal Anticorrupción– también es cierto que deberá prevalecer, en los meses venideros, el escrutinio ciudadano y la cohesión en los organismos de la sociedad civil y la población en general. 

Todo un reto si se considera que el 24.8 por ciento de la población coahuilense está en situación de pobreza, acorde a las cifras de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2016, y que son estos ciudadanos quienes enfrentan carencias en el acceso a los servicios de salud, de seguridad social, de servicios básicos y sufren rezago educativo. Es para este sector que este tipo de procesos pueden pasar desapercibidos. 

Y no, no es falta de difusión mediática, la hay. Las redes sociales son buena prueba de ello, por poner un ejemplo, pero en contraste, existe un sentimiento generalizado de desesperanza y enojo que ha crecido con los años, de que en la novela del poder sólo los agentes de mando protagonizan cada capítulo y el resto de las personas que no participan de la vida política son personajes de ambiente o los peones en el tablero de ajedrez.

Por eso es imprescindible que un Sistema de esta índole colabore, hombro con hombro, con organizaciones que trabajen arduamente en el empoderamiento y la participación de la población en la incidencia de la vida pública.

También es indispensable que se comience a olvidar el modelo de genuflexión hacia los funcionarios para que recuerden su papel como servidores públicos y en ello va incluido la aceptación de los señalamientos ante la mala praxis y la falta de resultados en su trabajo. 

Y para comprobar que el Sistema es eficaz se tendrán que retomar temas espinosos como la megadeuda, una herida todavía abierta para los coahuilenses, si no véase el fallo del pasado 28 de septiembre de 2017, emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que reveló la adquisición ilegal de dos créditos por 2 mil millones de pesos durante el año 2011, hecho que quedó impune por una mala integración de la investigación y luego por prescripción. 

A la población en general, y sobre todo a la población de a pie, que llega en combi al trabajo, que mantiene a su familia con dos empleos, que sobrevive en colonias con altos índices delictivos, que ya no le alcanza y que quiere un mejor futuro, le hago una atenta invitación a sumarse a los esfuerzos de las asociaciones civiles para involucrarse en la vida pública. El cambio sí es posible e informarse es el primer paso. 

No abandono la esperanza de que la ciudadanía, además de las asociaciones y organismos de la sociedad civil, mantendrán bajo la lupa el desempeño de estos nuevos servidores públicos y del órgano colegiado, y sobre todo, sabrán exigir rendición de cuentas por las vías efectivas en caso de que el Sistema Anticorrupción no realice el trabajo para el que fue creado. 

Isabel Ortega
Especialista en comunicación y medios digitales

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