Foto: Alejandro Medina

Las cuantiosas sanciones económicas a partidos políticos se entregan a proyectos de investigación de ciencia y tecnología

¿Quién dice que el crimen no paga? Bueno, tal vez la referencia a un “crimen” es demasiado fuerte. Es más correcto señalar que las infracciones cometidas por los partidos políticos en México sí pagan, cuando de cubrir multas se trata.

Y lo curioso del caso es que los montos recaudados se destinan a uno de los sectores que mayores beneficios dejan a la ciudadanía y que más necesita de financiamiento para operar a los niveles de excelencia necesarios.

El tema ya ha sido analizado en otras ocasiones en VANGUARDIA. La legislación electoral en el País estipula que el cobro de las multas impuestas a los partidos políticos debe canalizarse a la investigación científica y al desarrollo de la tecnología.

En efecto, el aporte de tales montos –adicionales a los presupuestos asignados– responde a que el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula: “Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales”.

Y pese a que nadie puede meter las manos al fuego cuando de cumplir los ordenamientos de ley, especialmente respecto al pago de infracciones, se trata, en el caso particular de las multas a los partidos, parece que ha resultado efectiva su entrega a los centros de investigación del País.

Así, de febrero de 2017 a mayo de 2019, el estado que más se benefició de las irregularidades cometidas –y sancionadas– por los institutos políticos ha sido Coahuila.

“[El] Instituto Electoral de Coahuila ha entregado un total de 65 millones 574 mil 511 pesos por sanciones de 2017 a la fecha, dinero usado en fomento de la investigación científica y desarrollo tecnológico en 14 proyectos en 35 municipios, en 2017, mientras que en 2018 se aplicaron a 23 programas en 30 poblaciones”, apunta la agencia informativa especializada Investigación y Desarrollo.

Otras entidades han resultado menos favorecidas, pero obviamente no le hacen el feo a recursos que respalden sus proyectos científicos más allá del presupuesto aprobado. Es el caso de Baja California (52.8 millones de pesos), Hidalgo (31.1 millones), Aguascalientes (19.7), Tamaulipas (6.5) y Durango (5.6 millones de pesos).

“En línea a lo anterior, en septiembre de 2018 la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A. C. hizo un reconocimiento a la labor en materia de fiscalización realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), por la cual le fueron asignados 244 millones de pesos recibidos por multas impuestas a partidos locales durante el proceso electoral 2017-2018.

“Posteriormente, en diciembre de 2018 se informó que el INE recaudó 872.6 millones de pesos por sanciones impuestas a los nueve partidos políticos que incurrieron en irregularidades durante el proceso electoral presidencial, mismos que serían destinados al Conacyt”.

En todo caso, lo lamentable es que la disponibilidad o no de más recursos para ciencia y tecnología en los estados dependa, no tanto de buenos resultados entregados, sino de infracciones cometidas por partidos políticos y que sean correctamente sancionadas con sus multas correspondientes por los árbitros electorales.

No están tan equivocados quienes creen que los partidos son elementos tóxicos de la política.