Pasaportes de vacunas, el siguiente punto político de la COVID

Max Fisher

El próximo gran punto de inflexión sobre la respuesta al coronavirus ya ha provocado gritos de tiranía y discriminación en el Reino Unido, protestas en Dinamarca, desinformación digital en Estados Unidos y escaramuzas geopolíticas en la Unión Europea.

El tema de debate: los pasaportes de vacunas, tarjetas emitidas por el gobierno o insignias para teléfonos inteligentes que indican que el portador ha sido inoculado contra el coronavirus.

La idea es permitir que las familias se reúnan, que las economías se reanuden y que cientos de millones de personas que han recibido la vacuna vuelvan a una cierta normalidad, todo ello sin propagar el virus. Algunas versiones de la documentación podrían permitir que sus portadores viajen internacionalmente. Otras autorizarían la entrada a espacios exclusivos para quienes ya se han vacunado, como gimnasios, salas de conciertos y restaurantes.

Aunque estos pasaportes todavía son una hipótesis en la mayoría de los lugares, Israel fue el primer país en poner en marcha su programa la semana pasada, al aprovechar su elevada tasa de vacunación. Varios países europeos están considerando seguir su ejemplo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los organismos federales que analicen las opciones. Además, algunas aerolíneas, industrias y destinos dependientes del turismo esperan exigirlas.

Dividir el mundo entre los vacunados y los no vacunados plantea cuestiones políticas y éticas de enormes proporciones. Las vacunas van a parar mayoritariamente a los países ricos y a los grupos raciales privilegiados dentro de ellos. Si se conceden derechos especiales a los vacunados y se endurecen las restricciones para los no vacunados, se corre el riesgo de aumentar las diferencias sociales que ya son peligrosas.

El escepticismo sobre las vacunas, que ya es alto en muchas comunidades, muestra signos de aumento si se considera que las vacunas son una imposición del gobierno. Los planes también corren el riesgo de exacerbar el nacionalismo de la COVID: el enfrentamiento entre naciones para promover los intereses de sus ciudadanos por encima del bien global.

“Los pasaportes de inmunidad prometen una manera de volver a una vida social y económica más normal”, escribieron Nicole Hassoun y Anders Herlitz, especialistas en ética de la salud pública, en Scientific American. Pero con las vacunas distribuidas de modo desigual por raza, clase y nacionalidad, “no es obvio que sean éticas”.

Aun así, hay claras ventajas: abuelos que podrían reunirse con sus nietos fuera de la ciudad; deportes, conciertos y otros eventos que regresan parcialmente, pero sin peligro; reanudación de los viajes internacionales y de parte del turismo; reapertura de empresas sin poner en riesgo indebido a los trabajadores.

Por todo ello, escribieron Hassoun y Herlitz, los documentos de la vacuna “pueden ser inevitables”.

 

Ampliando las divisiones de la sociedad

Algunos países exigen una prueba de vacunación —por ejemplo, contra la fiebre amarilla— para entrar. También lo hacen las escuelas y guarderías de muchas regiones de Estados Unidos.

Sin embargo, hay pocos precedentes de restricciones en toda la sociedad. Y al limitar los servicios a las personas con la documentación adecuada, los gobiernos obligarían efectivamente a vacunarse para utilizarlos.

Los privilegios especiales para los vacunados favorecerían, por definición, a los grupos demográficos que se vacunan en mayor proporción. En los países occidentales, esas comunidades tienden a ser blancas y acomodadas.

Esto evoca una imagen incómoda: personas blancas de clase profesional a las que se les permite entrar sin restricciones en tiendas, partidos de béisbol y restaurantes, mientras que las personas de color y los miembros de las clases trabajadoras se quedan fuera de forma desproporcionada. Si los lugares de trabajo exigen una prueba de vacunación, esto podría inclinar el empleo en esa dirección también.

“Si las vacunas se convierten en un pasaporte para hacer cosas diferentes, veremos cómo las comunidades que ya han sido más afectadas por la COVID se quedan atrás”, comentó Nicole A. Errett, experta en salud pública de la Universidad de Washington.
Aun así, las políticas de pasaporte ayudarían, en teoría, a controlar la pandemia en su conjunto, al reducir las infecciones generales y los trastornos económicos que recaen de manera desmesurada en los grupos más desfavorecidos.

El único modo de desenredar ese dilema, según Errett, es “abordar la propia desigualdad”, al disminuir las disparidades raciales y de clase que se han ampliado a lo largo de la pandemia.

 

Geopolítica de las vacunas

Luego, está la desigualdad entre naciones, sobre todo relevante para los viajes internacionales.

Las vacunas aprobadas contra el coronavirus han sido, con algunas excepciones, distribuidas entre las naciones lo suficientemente ricas para comprarlas o producirlas. Los más pobres del mundo pueden estar a dos o tres años de vacunarse, aunque también es menos probable que sus residentes viajen a través de las fronteras.

Sin embargo, hay miles de millones en el medio: con los recursos para viajar, y a veces la necesidad, pero sin acceso a las vacunas.

“Si abrimos el mundo solo a las personas de los países de altos ingresos, estamos creando mucha desigualdad”, señaló Errett. “Estamos quitándole a la gente los recursos y las conexiones que mantienen prósperas las economías y las comunidades”.

Sin embargo, algunos países más pobres que dependen del turismo están adoptando la idea. Las autoridades tailandesas han dicho que esperan establecer una política este verano para aceptar pasaportes de vacunas.

Algunos expertos piden a los gobiernos que esperen a que haya normas internacionales en torno a los pasaportes antes de permitir los viajes para que las normas desiguales no den lugar a prácticas inseguras o a maniobras geopolíticas.

“Desde el principio, ha sido un reto lograr que los países hagan lo que es mejor para el mundo en lugar de lo que es mejor para la gente dentro de sus fronteras”, dijo Errett.

Una lucha en materia de mandatos

Cuando el ministro de Asuntos Exteriores británico especuló recientemente acerca de la posibilidad de exigir una prueba de vacunación en bares y tiendas, un legislador de su propio partido, Mark Harper, replicó: “No creo que se quiera exigir a la gente que se someta a un determinado procedimiento médico antes de que pueda llevar a cabo su vida cotidiana”.

La lucha por las vacunas en California, sobre el endurecimiento de los requisitos escolares después de que los brotes de sarampión y tosferina pusieran de manifiesto las bajas tasas de inmunización del estado, ofrece un adelanto preocupante. Los activistas marginales se han opuesto durante mucho tiempo a la vacunación escolar, algunos motivados por conspiraciones y otros por lo que describen como estilos de vida totalmente naturales.

Cuando los legisladores californianos decidieron cerrar las generosas cláusulas de exclusión del estado, los grupos antivacunas “cambiaron su mensaje por el de los derechos de los padres”, comentó Renée DiResta, experta en desinformación del Observatorio de Internet de Stanford.

“Atrajo a mucha más gente y convirtió el proyecto de ley en algo partidista”, dijo, y los legisladores republicanos del estado se opusieron casi unánimemente por considerarlo una intrusión tiránica del gobierno.

No obstante, se aprobó, al igual que medidas similares en otros estados. La vacunación aumentó y las tasas de enfermedades prevenibles disminuyeron. Pero la disputa polarizó a algunos votantes contra los mandatos de vacunación e incluso contra las vacunas. Un proyecto de ley posterior en 2019 fue aún más cuestionado.

Aunque DiResta apoyó los proyectos de ley, advirtió que “la sombra de un mandato” podría “erosionar la capacidad de apelar a la gente” con el fin de que se vacunen contra la COVID con base en el consentimiento informado.

Una misión confusa

Uno de los problemas: no hay acuerdo sobre el objetivo principal de un programa de pasaporte de vacunas.

Los gobiernos suelen hablar de ellos como una forma de abrir las economías; los individuos, como una forma de reincorporarse a la vida normal, y los expertos en salud pública, como una forma de reducir las transmisiones.

Esos objetivos coinciden, pero de manera imperfecta. En algún momento, las autoridades tienen que establecer prioridades.

Errett repasó las preguntas de implementación, ampliamente desconocidas, que podrían imponer una respuesta. ¿Se necesitan dos dosis para obtener el documento o solo una? ¿Se pueden utilizar las vacunas de fabricación rusa o china? ¿Cuáles son las normas de exclusión religiosa o médica? ¿Están algunas actividades restringidas a los portadores de la tarjeta hasta la inmunidad de grupo, solo hasta que las infecciones caigan por debajo de una determinada línea, o para siempre?

“Tenemos que ser conscientes de los costos y beneficios”, dijo, y no solo para ajustarnos sobre la marcha, sino por “el precedente que estamos sentando”.

“Los expertos en pandemias lo hemos dicho desde el principio: no esperamos que esta sea la última pandemia que veamos”, concluyó. c.2021 The New York Times Company