El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer el inicio del rescate de los despojos de los 65 mineros que perdieron la vida en la explosión de la mina Pasta de Conchos, en 2006, y aseguró que en dicha operación se invertirá el dinero que haga falta.

“…Hemos tomado la decisión de iniciar los trabajos, esta es una responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde. Vamos a iniciar las excavaciones… es un acto de justicia y es un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa matutina de este miércoles.

Al realizar el anuncio, López Obrador recordó que se trata de un compromiso que estableció con las familias de los mineros fallecidos, desde el 2012, en un evento realizado en Tepic, Nayarit.

Ya anteriormente el Gobierno de la República había anunciado que se apegaría a lo planteado por los deudos de Pasta de Conchos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que dejaría de litigar los hechos que obstruyeran la posibilidad de hacer justicia.

La lectura más importante de este anuncio es que se trata del punto final de una larguísima disputa entre los deudos de los mineros muertos y el Estado mexicano, disputa que implicaba, fundamentalmente, debatir si el rescate de los despojos es posible o no.

Sin embargo, que los reclamos de las familias coincidan hoy con la voluntad del Gobierno de la República no puede considerarse de manera automática como una garantía de que es factible, materialmente hablando, recuperar los cuerpos de las víctimas de la explosión.

Más allá de la polémica respecto de si el calor generado por la explosión desintegró los cuerpos o si es posible que hoy, 13 años después de los hechos, aún existan despojos, el punto central de cualquier proyecto de rescate es el riesgo que eso implica para quienes participen en éste.

El presidente López Obrador ha dicho que el costo económico no importa y que la Secretaría del Trabajo tiene presupuesto suficiente para financiar las tareas de rescate.

El costo económico, sin embargo, no es el más importante en una empresa como ésta, sino el que implica poner en riesgo vidas humanas. Por ello, cualquier plan que se diseñe y pretenda implementarse en torno a este propósito debe estar centrado, de manera fundamental, en la garantía de seguridad para las personas que participen en él.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, y habrá que reiterar, los familiares de los mineros muertos han tenido siempre –y tienen hoy– el derecho de exigir que se haga todo lo humanamente posible para rescatar los cuerpos de sus seres queridos. Sin embargo, el estar de acuerdo con esta posición no implica que el rescate deba hacerse a cualquier costo.

Sin duda es válido correr riesgos para auxiliar a otro ser humano cuya vida se encuentre en peligro, pero a nadie puede –ni debe– pedírsele que ponga en riesgo su integridad –o, peor aún, que entregue la vida– para rescatar despojos, por mucho que se considere justa la causa.

Cualquier plan que se diseñe y pretenda implementarse en torno a este propósito debe estar centrado en la garantía de seguridad para las personas que participen en él