Pendiente Senado de analizar propuesta de legislador coahuilense que reglamentaría el outsoutcing
COMPARTIR
TEMAS
Este esquema emplea a alrededor de dos millones de personas en México actualmente
A finales de enero o principios de febrero de este año la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República se reunirá para discutir una iniciativa propuesta por el legislador coahuilense Tereso Medina, quien contempla reglamentar los nuevos métodos de contratación laboral y aplicación de la justicia, pues desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Medina, quien también es líder de la Confederación de Trabadores de México (CTM), recordó que desde hace un año se aprobó la reforma del artículo 123 constitucional y lo que están haciendo es “reglamentar estos nuevos métodos” sobre el outsourcing. “Desde 2012 que se aprobó la reforma laboral y buscamos que no sea una vía para restarles las prestaciones a los trabajadores, que no sea una vía para darlos de alta con menos ingreso, ni para evadir impuestos ante Hacienda o sus obligaciones. Al contrario, quien ocupe el outsourcing sea subsidiario y solidario con la empresa y respete los derechos de los trabajadores en ese sentido”, respondió el senador. Apenas a mediados de diciembre pasado Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), dijo al portal Sin Embargo que “si la ley va encaminada a quitar los topes al outsourcing es una mala noticia por lo que, debido a la extensión del documento y de las implicaciones que traería el aprobarlo tal cual está, el Senado debe dedicarle tiempo para que no pase como “una bola rápida”. Al respecto, Medina defendió su propuesta al decir que buscan que la nueva reglamentación proteja a los trabajadores en el tema de las prestaciones laborales. “Esa es una propuesta de los empresarios. En lo que debemos de poner especial atención es en elaborar un dictamen que le quede a México y no que sea a gusto de nadie, donde se contemple la justicia a través de los órganos públicos descentralizados”, explicó. De acuerdo con GINgroup, compañía especializada en administración de capital humano, este esquema emplea alrededor de 2 millones de personas en México.