Pensiones en la ruta de lo posible

El gobierno federal (Secretaría de Hacienda e IMSS), el sector patronal (Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial) y el sector laboral (Carlos Aceves del Olmo líder de la Confederación de Trabajadores de México del PRI), con sigilo y discreción, desde hace poco menos de un año negociaron una propuesta de reforma al sistema de pensiones, que no implicó estatización de las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), sino reestructuración en aportaciones y en semanas acumuladas de cotización.

Gradualmente, en ocho años, la aportación patronal pasará de 5.15 a 13.875%, lo que, sumado al 1.125% de aportación laboral, dicha proporción sería de 15% sobre salario base. Además, sin modificar los 60 años de edad, las semanas de cotización en el IMSS se reducen de mil 250 (poco más de 24 años) a 750 (poco menos de 15 años). Está pendiente reducir comisiones por administración de fondos individuales, proponiéndose en menos de 1%.

Son tres las aristas de este anuncio que estarán en el análisis y la polémica:

1. Lo económico. Aunque el ajuste patronal es a largo plazo, las Afores tendrán a disposición más recursos disponibles para proyectos productivos y, si se aprueba otra reforma pendiente a la legislación, diversificación en instrumentos financieros que favorezcan la suma acumulada de cada trabajadora o trabajador. Actualmente, estas administradoras tienen invertidos 500 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura y disponibles 700 mil mdp, paulatinamente aumentarían estos recursos.

Sumados los apoyos bimestrales a adultos mayores -ya como derecho constitucional- por parte del Gobierno Federal, por volumen de ingreso social, en el futuro cercano podría ampliarse el consumo de los hogares como componente de la demanda agregada, lo que fortalecería el mercado interno y, por tanto, la oferta agregada.

Por otra parte, se comenta que el incremento de la aportación patronal podría generar efectos negativos: elevación de precios por costos laborales; reducción de personas que obtienen dos o más salarios mínimos; y más informalidad laboral por menos contrataciones. Aunque esta reforma es necesaria, se dice que por la crisis económica actual no es tiempo adecuado para proponerla, puesto que eleva la carga impositiva a las empresas. Es probable que en el mediano plazo se negocien estrategias fiscales o financieras para revertir estos posibles efectos negativos.

2. Lo social. Esta reforma no resuelve los problemas estructurales de bienestar de los futuros pensionados, pero es un primer paso en la ruta de la jubilación digna y se calcula que alrededor de 20 millones de personas pueden favorecerse. Además, muchas personas de la población económicamente activa transitan de la formalidad a la informalidad laboral, lo que complica acumular 1,250 semanas de cotización, por eso con la reducción a 750 semanas esta condición se facilita, pasando, se argumentó, de 34 a 82% el número de pensionados en edad de retiro. Esto otorga seguridad para quienes cotizan con el régimen del 1 de julio de 1997.

Está pendiente atender el problema -y riesgo- de sistemas de pensiones de gobiernos municipales, de instituciones de educación superior y otras independientes, además aún falta reformar el sistema de pensiones de la burocracia (ISSSTE).

3. Lo político. Sorprendió el consenso histórico con la CTM corporativa, pero sobre todo con las cúpulas de la iniciativa privada, por las diferencias en año y medio de gobierno. La convocatoria del, bien recibida por las corporaciones obrero-patronales, envía señales positivas de negociación y afianza su presencia del gobierno federal en torno a las elecciones federales del próximo año y a la revocación de mandato presidencial el año 2022.

En la ruta de lo posible, más que lo deseable, con la propuesta de Ley que se discutirá en el Congreso de la Unión, se avanza en este compromiso de la 4T.

Sistemáticamente como acostumbran, ya se expresan libremente quienes, sin señalar el origen del problema, critican la propuesta y sus efectos; sin embargo, ante la socialización del acuerdo es posible que las diatribas tengan poco eco político. El tiempo lo dirá.