Pensiones magisteriales: solución definitiva, ‘again’

“Desde hoy y para siempre”. Así se denominó el proyecto mediante el cual -se dijo hace más de una década- se daría solución “definitiva” a la viabilidad del fondo pensionario de los trabajadores de la educación en Coahuila, cuya historia recurrente es la de la crisis.

Como todos sabemos, el proyecto, según el cual no abría necesidad de nuevas aportaciones “extraordinarias” y permitiría que los beneficiarios de dicho fondo obtuvieran lo pactado en su contrato colectivo de trabajo, fracasó rotundamente debido a la oposición de los propios miembros del magisterio coahuilense.

Hoy, la realidad no es muy diferente a la de hace unos años: el fondo registra un pasivo contingente de 40 mil millones de pesos y el crecimiento permanente de dicho “boquete” constituye un riesgo potencial incluso para las finanzas estatales.

De acuerdo con previsiones del Ejecutivo estatal, existe la posibilidad de resolver -ahora sí- “para siempre el problema”, mediante la instrumentación de una serie de medidas que, aplicadas gradualmente de aquí al año 2030, podrían conseguir el ansiado equilibrio financiero del fondo.

Es probable que los registros actuariales dibujen dicha posibilidad y la planteen como una solución a mediano plazo, pero resulta difícil de creer que pueda concretarse una solución realmente definitiva sin que el gremio magisterial renuncie a parte de los abusivos privilegios que, debido a concesiones políticas inmorales, ha obtenido en el pasado.

Resulta sumamente difícil pensar en un fondo pensionario capaz de sostenerse en el tiempo si el esquema de solidaridad en el cual está basado el modelo actual no se transforma en uno de cuentas individuales.

Porque solo si, como ocurre con los trabajadores de la iniciativa privada, a cada maestro -y a cada miembro de la burocracia estatal- comienza a hacérsele una cuenta individual de su fondo pensionario y los pagos que reciba después de su jubilación estén basados exclusivamente en lo que ahorró durante su paso por el servicio activo, podrá dimensionarse claramente la magnitud del abuso que el gremio magisterial comete en contra de las finanzas públicas.

Porque el déficit del fondo de pensiones no es otra cosa que la diferencia entre el dinero que los maestros en activo (todos) aportan actualmente al mismo, y lo que cuesta la nómina de los maestros jubilados.

Y es que de acuerdo con la expectativa de vida actual, muchos profesores tienen la posibilidad de cobrar una pensión incluso durante más tiempo que el dedicado a laborar en las aulas. Y eso, por supuesto, suponiendo que estamos hablando de un profesor que estuvo en las aulas.

Resulta complejo por ello, considerar que realmente sea posible diseñar y poner en práctica un esquema capaz de sostenerse en el tiempo cuando las pensiones de los maestros no están basadas -como ocurre con los empleados de la iniciativa privada- en su propio esfuerzo de ahorro durante su vida productiva, sino en las concesiones que con cargo a nuestros bolsillos se les hacen desde el poder.