Pese a sentencias favorables, exfuncionarios de la Línea 12 están sin trabajo y al borde del embargo

Por Arturo Angel (@arturoangel20)

El pasado viernes 23 de octubre, el actuario de la Tesorería tocó a la puerta del arquitecto Américo Fernández. Consigo llevaba un oficio para ejecutar el pago inmediato de una multa de casi medio millón de pesos impuesta por la Contraloría o, en su defecto, proceder con el embargo de sus bienes. “Ya sabe cómo es esto y a qué vengo”, le dijo.

En el último mes, una decena de exfuncionarios del llamado Proyecto Metro –que participaron la construcción la Línea 12 y luego fueron sancionados– han recibido la visita de estos actuarios con el aviso de que deben pagar o perderán sus bienes. Esto a pesar de que ninguna de las acusaciones hechas hace casi un año en su contra ha prosperado.

De 33 procesos iniciados en contra de esos funcionarios sancionados, una docena fueron anulados en los tribunales y el resto sigue en proceso. En ningún caso la responsabilidad de los sancionados ha quedado demostrada, pero las apelaciones del gobierno continúan alargando los juicios.

En el caso del arquitecto José Américo Fernández, la orden que llevaba el actuario era para ejecutar la multa impuesta en un proceso que ni siquiera la misma Contraloría General ha ratificado, luego del recurso de revocación que el arquitecto interpuso contra su sanción. Esta sería la quinta acusación porque las otras cuatro ya las ganó en los juzgados.

Fue entre octubre y diciembre de 2014 cuando la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal decidió suspender a más de 30 funcionarios del Proyecto Metro, tras el escándalo por el mal funcionamiento de la Línea 12 que obligó a que el servicio se suspendiera en la mitad de las estaciones.

Aunque a la postre se confirmó que el problema de la línea era la incompatibilidad de los trenes con las vías, y que instancias como el Colegio de Ingenieros Civiles confirmaron que la obra civil no tenía ningún problema, la contraloría impuso múltiples sanciones contra funcionarios por aspectos como imprecisiones en el tamaño de ventanas construidas o pagos inflados de algunos materiales.

Un año después, ni los procesos civiles ni penales que se iniciaron se han resuelto, y muchos de ellos incluso y fueron revocados por los jueces, tras confirmarse que las irregularidades no existían o eran responsabilidad de otras personas

Pero los funcionarios continúan inhabilitados y estigmatizados públicamente como “los responsables del desastre de la Línea 12”, sin poder conseguir trabajo, y ahora con el riesgo de perder los bienes que aún les quedan.

Castigo sin condena Tras una auditoría practicada a la construcción de la Línea 12, la Contraloría General del Gobierno del DF decretó sanciones a prácticamente todos los funcionarios del órgano descentralizado llamado Proyecto Metro que participaron en la obra, a pesar de que la mayoría no tuvo poder de decisión sobre el tipo de trenes o vías que se instalarían.

Las multas impuestas a los arquitectos, ingenieros y burócratas fueron en casi todos los casos millonarias. Desde pagos de los 300 o 400 mil pesos hasta algunos que superaban los miles de millones de pesos. Además se dictaron sanciones de inhabilitación por varios años y denuncias en la Procuraduría General de Justicia del DF.

Animal Político recibió de parte de 10 de los funcionarios sancionados la relación de los 33 procesos administrativos que se han iniciado en su contra y el estatus actual en el que se encuentran.

Se trata de los procesos iniciados en contra de los arquitectos e ingeniero José León Américo Fernández Villaseñor; Salvador Trejo Nava, Héctor Rosas Troncoso, Juan Manuel mora Sanabria, Noé Quiroz González, Antonio Escobedo Maciel, Sergio Vázquez Galicia, Joaquín Jesús Sánchez Loaeza, Arturo Ávila Ruíz y José Gerardo Verdeja Alatorre.

En el caso de 12 de ellos, los jueces del tribunal de lo contencioso ya resolvieron la nulidad de las sanciones lo que obligó a la Contraloría a interponer apelaciones. Ocho procesos más siguen a la espera de la sentencia inicial.

Respecto a los 13 procesos restantes, la Contraloría ni siquiera ha confirmado si mantiene la sanción luego de que los afectados interpusieron –como es su derecho– un recurso de revocación a la sanción que les impuso. Este impasse impide que los afectados puedan llevar aun el proceso al tribunal de lo contencioso.

Pero lo que no impidió esta falta de resolución de la Contraloría fue que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la tesorería, comenzara a presionar a los afectados para el pago de las multas que se les impusieron. Ese fue el caso del arquitecto Américo Fernández, a quien le fijaron una multa de 420 mil pesos por supuestas irregularidades en ventanas y puertas de obras secundarias.

“Vino el actuario a quererme hacer el cobro y bueno, una cosa increíble. Por supuesto exhibí los papeles del recurso de revocación que interpuse ante la misma Contraloría el cual no me han respondido. Pero ahí estuvo la intimidación, la amenaza del embargarnos y quitarnos lo poco que nos queda”, dijo en entrevista.

Animal Político pudo revisar el documento que el arquitecto recibió en la puerta de su casa de parte del actuario Filiberto García, así como del acta de requerimiento del pago. Ahí se describe la posibilidad del embargo.

“Apercibir al deudor de que de no demostrar en el acto, haber efectuado el pago del crédito fiscal, se procederá a embargar bienes de su propiedad para hacer efectivo el crédito, generándose además los gastos de ejecución correspondientes”, se lee en el referido oficio DEC/DCC/SCL/UDCCL-C/2015/23657.

De acuerdo con la Unión de Ingenieros y Arquitectos por la Reivindicación Profesional, que agrupa a varios de los sancionados por la Línea 12, hasta ahora cerca de una decena de exfuncionarios han recibido estas notificaciones de cobro y embargo por procesos que se mantienen impugnados.

“Nos tienen muertos de hambre…” El pasado 28 de octubre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera encabezó la reapertura de cinco estaciones de la Línea 12 del Metro que estuvieron cerradas más de un año por las obras de reparación de la misma. Con ello, se dijo, comenzó el proceso para poner en marcha nuevamente la operación normal de la línea

Pero para los funcionarios sancionados nada ha vuelto a la normalidad desde el momento en que públicamente se les acusó de ser los responsables del mal funcionamiento de la línea.

“Muchos ya obtuvimos sentencias favorables incluso en las apelaciones. El problema es que esto no se hace público, no tenemos eco. De nosotros sólo se conoce lo que la Contraloría quiso en su momento y no lo que pasó después (…) y aquí seguimos estigmatizados, sin trabajo… luchando con un aparato gubernamental que nos tiene muertos de hambre”, dijo el ingeniero Joaquín Sánchez.

El daño, agregó Sánchez, ha sido en todos los sentidos: laboral, familiar, personal, económico, en la salud. Las múltiples apelaciones que el gobierno capitalino interpone en contra de las sentencias favorables, o los casos que mantiene abiertos retardando los recursos de los ex funcionarios, amenazan con extender años estos procesos.

“Mientras tanto es imposible que consigamos trabajo. En el gobierno nos tienen inhabilitados y en las empresas privadas tampoco nos quieren por la forma como nos exhibieron. No nos dicen nada pero nunca nos vuelven a llamar por trabajo, aun cuando les enseñamos las sentencias que hemos ido obteniendo todas favorables”, agregó.

El ingeniero Héctor Rosas, que ya obtuvo sentencias que anularon 3 de los 4 procesos de sanción que en su momento le iniciaron, insistió en el hecho de los temas de los que los acusaron, aun con pruebas que luego se cayeron, fueron ajenas al real problema de la línea.

“Desde agosto de 2014 ya se sabía cuáles eran la causas de las fallas sobre la incompatibilidad del tren con riel y la mayoría de los que estamos sancionados no tuvimos nada que ver con esos temas. Nos metieron injustamente en un tema que no nos correspondía y no existió ni el principio de presunción de inocencia”, señaló.

El arquitecto Fernández acusó que él y sus compañeros sirvieron como “chivos expiatorios” en el problema de la Línea 12, lo que se llevó al traste 30 años de experiencia construyendo líneas del metro y sumergiéndolos en una situación crítica en casi todos los sentidos de su vida.

A pesar de que no tenemos ingresos, agregó, “seguimos defendiéndonos como podemos contra toda la maquinaria del gobierno. Un gobierno al que le dimos todo y de buenas a primeras decidió desecharnos. Ahora aquí estamos, con temor de perder lo que nos queda. Como si fuéramos pavos navideños… a ver a qué hora nos sacrifican”.