PGR ya investiga tráfico de drogas entre Iguala y Chicago
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La dependencia federal dejó claro que la investigación sobre los normalistas no está fragmentada, tal como advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la advertencia que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el sentido de que investigar el tráfico de droga entre Iguala y Chicago puede contribuir al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, la PGR dijo que esta línea ya está siendo investigada.
Sobre el tema de que la Procuraduría General de la República (PGR) busca posicionar una quinta versión de que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, la institución respondió que la pesquisa está abierta y cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución.
En respuesta al avance en la investigación realizado por el GIEI, la dependencia federal dejó claro que la investigación sobre los normalistas no está fragmentada, porque la Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo.
"La SEIDO tiene la obligación de investigar lo que le autoriza la ley en el marco de su competencia", señaló la Representación Social de la Federación.
En conferencia de prensa, los expertos acusaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha fragmentado en al menos 12 averiguaciones previas, lo que ha dificultado el esclarecimiento de los hechos.
No obstante, el GIEI reconoció los avances que se están dando en la investigación del caso Ayotzinapa. "El Grupo reconoce la labor del nuevo equipo de investigación de la PGR desde mediados de noviembre y su disposición al trabajo conjunto que se ha dado en los primeros tres meses de su constitución".
Al respecto, la PGR puntualizó que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.
El Ministerio Público Federal explicó que el traslado de la averiguación previa (integrada en ese momento por 154 tomos y en la que se acumularon 12 averiguaciones previas: PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, 824/2014, 825/2014, 849/2014, 874/2014, 918/2014, 871/2014, 895/2014, 785/2013, 853/2014, 917/2014 y 1017/2014) del ámbito de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la nueva Oficina de Investigación creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos ocurrió a un mes del anuncio público y a una semana de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera prorrogar el mandato del GIEI.
"Cabe mencionar que desde el 7 de noviembre de 2015 el GIEI ha accedido al expediente en la Subprocuraduría de Derechos Humanos", enfatizó la dependencia que encabeza Arely Gómez González.
Con relación a la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI, y de los que aseguran éstos pueden recobrar su libertad, la PGR recordó que la consignación de los elementos se realizó el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del Estado de Guerrero y el acto que reclamaron los uniformados en el juicio de amparo que promovieron es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común.
"Sin embargo la PGR ha dado seguimiento al juicio de amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente.
"Es necesario aclarar a la opinión pública que estas mismas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en tanto los jueces federales así lo resolvieran", detalló la PGR.
Durante la conferencia, Alejandro Valencia, integrante del GIEI, mencionó que una investigación rápida hubiera evitado mayor sufrimiento a la familia de Julio César Mondragón, quien fue asesinado entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sobre ese tema, la PGR aseguró que brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un órgano jurisdiccional del mismo fuero.
"Es de destacar que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos".
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, informó que la línea de investigación sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago, puede ayudar a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
La dependencia federal reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que ha instruido al MPF investigar estos hechos. Recordó que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.
"La autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias", sentenció la PGR
Otras de las quejas del GIEI fueron que la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, no les ha dado acceso a las declaraciones de algunos de los detenidos por el caso, entre ellas, las del Gildardo López Astudillo, El Gil, además de que no han recibido documentos, ni fotografías del batallón 27 de Iguala, quienes recabaron información del día del ataque.
Al respecto, la PGR comentó que se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo.
"En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención", agregó..
La PGR subrayó que mantendrá el espíritu de colaboración tomando como marco la asistencia derivada del mandato de coadyuvancia técnica con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
