La definición generalizada del Producto Interno Bruto (PIB) es “la producción de bienes y servicios de demanda final, en un tiempo determinado y expresada en moneda”, es una construcción conceptual basada en la actividad económica de un país o región, indicador importante en las cuentas nacionales. Su construcción fue a inicios de la década de 1940 y es fundamental en la medición del crecimiento económico comparativo en el tiempo. Todo cuenta e indica la dinámica económica en crecimiento o decrecimiento. El PIB nominal es a precios de mercado, en el PIB real, con año base (2013), se descuenta el incremento o decremento del nivel de precios (inflación o deflación).

Anualmente, el PIB per cápita mide la relación del PIB entre el número de habitantes. A diciembre de 2019, según el Banco Mundial, en México el PIB real fue 23 billones 862.5 mil millones de pesos (a 21.23 pesos por euro), el PIB o ingreso per cápita fue 191 mil 367 pesos, con lugar 68 entre 196 países. Lo anterior refleja poco, ya que la concentración en el País sobrepasa el promedio mundial de 29 por ciento: según Oxfam México, el 1 por ciento de la población más acaudalada posee alrededor de 43 por ciento de la riqueza nacional.

Con el PIB se mide el crecimiento económico, pero no el desarrollo como satisfacción integral de necesidades de la sociedad y de las personas: servicios básicos (agua, drenaje, electricidad, medios de comunicación), salud integral, educación de calidad en los más niveles posibles, vivienda, abasto (alimentación, vestido), cultura y sana recreación, seguridad pública, infraestructura de transporte, preservación del medio ambiente, menor nivel de corrupción.  Más aún, el PIB no mide la felicidad como nivel de satisfacción de vida personal, como estado de equilibrio físico, emocional, social y económico, aunque su perspectiva es psicológica, ética y moral.

El desarrollo de la sociedad pasa por crear riqueza y distribuirla para reducir la desigualdad; dicha distribución parte inicialmente de salarios dignos que garanticen bienestar individual y familiar, lo que no es garantía, ya que los costos salariales tienden a disminuirse absoluta y proporcionalmente para precios competitivos de bienes y servicios (incluye desplazamiento de trabajo por innovación tecnológica), con diferencias salariales esto se agudiza en países subdesarrollados y avanza en países desarrollados.

Otra manera de distribución de la riqueza son transferencias sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal, con programas de apoyo directo para el bienestar o, más aún, como derechos constitucionales.

Crecimiento económico y desarrollo social son dos caras de una misma moneda, por eso se deben generar condiciones para inversión directa y sus ganancias, para crear empleo y pagar remuneraciones, así mismo cumplir obligaciones fiscales, que son ingresos públicos destinados en parte al gasto social para el bienestar de la población, sobre todo de las clases vulnerables. De ahí la necesidad de actualización constante de leyes fiscales que garanticen progresividad y equidad en el pago de impuestos.

En los Censos de Población el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sí integra variables de bienestar social. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mide la prosperidad en 170 países, y en 2018 el país ocupó el lugar 76, porque de 2008 al año señalado la pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas; aún no se ofrece información actual, con amplio gasto público en transferencias sociales e incremento salarial global nominal de 36.2 por ciento.

El PIB es útil para evaluar perspectivas económicas en países y regiones, pero el desarrollo social no se considera como impulsor de productividad y progreso. En contexto de crisis sanitaria y crisis económica mundial, sería valioso un indicador que integre crecimiento económico como respaldo para distribuir la riqueza y desarrollo humano social e individual. La polémica y el análisis son pertinentes.