Manifestó que la disculpa pública no basta para reparar el daño espiritual, moral y material ocasionado, ni para disminuir el dolor y la indignación, pero crea conciencia a través de la memoria histórica de la no violencia y el respeto a los derechos humanos

Torreón, Coahuila.- El alcalde Jorge Zermeño Infante, ante la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ofreció hoy una disculpa pública a los familiares de víctimas de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada ocurrida el 21 de octubre de 2009, en la que participaron servidores públicos.

Al término de la vigésima tercera sesión de cabildo, celebrada en el séptimo piso de la presidencia municipal, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, dio a conocer que uno de los asuntos generales que aprobaron en la orden del día, se relacionaba con una disculpa pública de parte del presidente municipal.

El edil recordó que los hechos ocurrieron el mes de octubre de 2009, en una de las principales avenidas de la ciudad, cuando agentes de la Policía de Torreón detuvieron ilegalmente a cuatro personas a quienes desaparecieron.

De dicha queja en la CNDH derivó una recomendación que hoy se ofrece a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía en general del municipio de Torreón.

Dijo que la desaparición de personas es un flagelo, a pesar a algunos avances y logros, como son la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, todavía estamos lejos de dimensionar y atender adecuadamente.

Ofreció disculpas a todas las víctimas de tan lamentables hechos y dijo que el municipio de Torreón, a través de sus autoridades actuales, lamenta profundamente la privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas que en esa década de enorme violencia se hizo sufrir no solo a las víctimas, sino a centenares o quizá miles de laguneros que vieron mutiladas sus familias y la pérdida de sus seres queridos por actos de la delincuencia organizada, que muchas veces estaba coludida con autoridades de todos los niveles.

La recomendación que fue aceptada a nombre del Ayuntamiento, fue enfática en señalar que los servidores públicos que en esa época prestaban sus servicios, carecían de facultades para realizar los operativos que violentaron a las personas en su integridad, en su libertad y en su vida, apuntó.

Manifestó que la disculpa pública no basta para reparar el daño espiritual, moral y material ocasionado, ni para disminuir el dolor y la indignación, pero crea conciencia a través de la memoria histórica de la no violencia y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, el edil hizo un llamado a los servidores públicos a cumplir con las obligaciones en materia de protección a la vida, a la libertad y a todos los derechos de los particulares, porque esa es la obligación que tiene el Estado Mexicano y los órganos encargados del gobierno.