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De acuerdo con Julio Aldape, Gabriela de León habría incurrido en diversas irregularidades al contratar por medio de honorarios a Raúl César Calderón Pineda, actual oficial mayor de la CROC

El Partido Joven pidió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos al presuntamente entregar contratos a empresas “fantasmas” y contratar a priístas, a quienes les paga por asesorías.

De acuerdo con Julio Aldape, representante del Partido Joven en el IEC, Gabriela de León habría incurrido en diversas irregularidades al contratar por medio de honorarios a Raúl César Calderón Pineda, actual oficial mayor de la CROC, que es una organización adherida al PRI en todo el país.

“Yo me di cuenta a través del estudio de la base de datos del Avance de Gestión Financiera del último trimestre que había pagos extraños por parte del Instituto (IEC) a personas físicas. Regularmente el Instituto trata de contratar a alguien a través de una persona moral para darle certeza a las transacciones. Me di cuenta que había pagos de entre un millón y millón y medio de pesos a una persona física, que resultó ser el Oficial Mayor de la CROC”, explicó Aldape.

La denuncia fue presentada ante el INE en la Ciudad de México y esperan que la próxima semana, en el Consejo General, pueda verse el tema y se inicie una investigación al respecto.

De acuerdo con Aldape, el IEC está dando pagos de hasta 145 mil pesos mensuales a Calderón Pineda.

Además al hacer una revisión de los contratos, el Partido Joven se dio cuenta que hay invitación para participar en licitación a empresas cuyos domicilios físicos no existen, por lo tanto también serían “fantasmas”.

“Estuvieron licitando para favor a empresas o personas, invitando a empresas ‘fantasmas’ para que aparentaran que existían y poder asignar los contratos de licitación”, dijo.

A DETALLE
Presuntas irregularidades:
> Pagar 145 mil pesos mensuales en asesorías a un funcionario de la CROC.
> Licitar a favor a empresas o personas, invitando a empresas “fantasmas”.
> Gastar 11 millones de pesos que correspondían a un subejercicio sin el aval del Congreso.