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Absolvieron a otros funcionarios de la entidad porque fiscal no anexó el decreto falso con el que se solicitó un crédito por $1 mil millones

 El exsubadministrador de Políticas Financieras, Enrique Ledezma Sánchez, y Juan Manuel Delgado Hernández, funcionarios de la misma dependencia, también fueron absueltos en el caso de la megadeuda porque el ministerio público no anexó el decreto falso con el que se solicitó un crédito por mil millones de pesos.

Armín José Valdez Torres, uno de los cinco magistrados que revisó la sentencia del juez Adrián González Hernández, dijo que la Fiscalía ni siquiera anexó el documento apócrifo, se señala en un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La publicación asegura que en ocho años se iniciaron nueve denuncias en Coahuila relacionadas con el endeudamiento del Estado, que llegó  a los 35 mil millones de pesos, de las cuales dos fueron interpuestas por la bancada panista del Congreso local, el 28 de junio y 29 de diciembre de 2011.

Seis denuncias, realizadas en 2011, 2013 y 2016, fueron hechas por la Auditoría Superior del Estado, tras observar contratación irregular de deuda pública, y otra fue interpuesta por el Gobierno del Estado de Coahuila.

A la fecha sólo dos denuncias han concluido y ambas están en la causa penal 76/2011 en el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, a cargo del entonces juez Adrián González Hernández, y fue por la obtención de mil millones de pesos con documentos falsos.

La sentencia revela que el proceso se centró en Ledezma Sánchez y Delgado Hernández, además se observa que la Fiscalía inició la investigación por el delito de equiparado al fraude, en su modalidad de simulación de acto jurídico.

A través del análisis se encontró que tanto el juez González Hernández como la Fiscalía, encabezada por Jesús Torres Charles, cometieron omisiones.

El juez Adrián González consideró que no se acreditó el cuerpo del delito, ya que el decreto supuestamente presentado ante Santander no podía ser considerado un acto jurídico simulado.

“En todo caso existe otro delito posiblemente la elaboración y uso de un documento falso, como lo es el decreto apócrifo 476 que aparentemente había emitido el Congreso”, se lee en la sentencia.

El juez dejó asentado que el delito antes mencionado no fue imputado a los acusados por la Fiscalía de Coahuila, por lo que dictó absolvió a los acusados.

La sentencia del juez González Hernández fue apelada por el Ministerio Público y se inició el proceso 456/2017 en segunda instancia, señala el reportaje.

Los cinco magistrados de Coahuila que revisaron este caso dejaron asentado en la página 131 de la sentencia que “hubo impunidad y falta de efectividad” en el proceso penal. En entrevista, Valdez Torres reconoció que el delito que debieron investigar era peculado.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que al menos en dependencias gubernamentales el supuesto decreto 476 que presentaron en Santander para adquirir el crédito falso no se encontraba.

El 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal Hernández, entonces titular del SATEC, estuvo unas horas detenido tras ser descubierto el fraude al erario; el Juzgado Segundo en Materia Penal, entonces a cargo de Adrián González le impuso una multa y lo dejó en libertad condicional. Actualmente está en Estados Unidos.