En lugar de prohibir la pirotecnia, las autoridades deberían analizar la posibilidad de permitir la comercialización regulada

La fórmula es más o menos infalible: si lo que se pretende es proscribir una determinada conducta no hace falta sino prohibirla para darse cuenta de cuántos están dispuestos a desafiar a la autoridad impulsados por la promesa de ganancias fáciles.

Los ejemplos abundan en el entorno cercano y no hace falta hacer mucho esfuerzo para enumerarlos.

Pero, aún cuando a primera vista la realidad pudiera conducirnos a la conclusión fácil de que la proliferación de personas dispuestas a desafiar la ley se debe a la simple prohibición de una conducta o de cierta actividad, un análisis un poco más cuidadoso ofrece respuestas bien distintas.

Un buen ejemplo de esta circunstancia lo constituye el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al surgimiento de una “novedosa” modalidad de venta de juegos pirotécnicos en Saltillo, debido a la prohibición existente para la comercialización de los mismos: la oferta por internet.

La ecuación es simple: si la autoridad ha prohibido a los particulares la comercialización abierta de pirotecnia, quienes están dispuestos a correr riesgos a cambio de ganancias económicas utilizarán “vías alternas” para conducir su negocio. Y la más fácil de todas es utilizar las redes sociales.

Por ello —además de  su eficacia— no es de extrañar que comiencen a aparecer en Facebook “negocios” que ofertan diversos “paquetes” de juegos pirotécnicos en una época en la cual el consumo de este tipo de productos se incrementa de forma natural.

Una lectura simplista del asunto pondrá el énfasis en el hecho de que los artilugios de pólvora se comercialicen por internet y de esta forma pretendan burlar la prohibición oficial.

Sin embargo, es evidente que la comercialización del producto es apenas el último eslabón en una cadena de corrupción que incluye la producción, transportación, almacenamiento y comercialización de tales productos.

En muchos de los casos, seguramente estamos hablando de productos “importados” —principalmente de China— y que no necesariamente han pagado impuestos para ingresar al País.

Al final de la cadena lo que uno tendría que preguntarse es qué ganamos como sociedad con esta prohibición. Porque, al final de cuentas, los juegos pirotécnicos de todas formas se consumen y tal consumo ocurre sin que se paguen los impuestos correspondientes y alentando de paso el surgimiento de cadenas de corrupción que seguramente contaminan hasta los más altos niveles gubernamentales.

Por ello resulta obligado preguntarse si, en lugar de prohibir la pirotecnia, las autoridades gubernamentales —de todos los órdenes— no deberían mejor pensar en eliminar la prohibición y permitir la comercialización regulada de tales productos de tal suerte que al menos generen ingresos fiscales y no solamente ganancias para quienes son incapaces de resistir la tentación de vender lo prohibido.