Uno de los objetivos de la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000) –participación de líderes de 189 naciones- es erradicar el hambre y la pobreza extrema; según datos de la ONU, para el año 2015 más de mil millones de personas en el mundo superaron la pobreza extrema, pero no así la pobreza como tal.

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado se potencializó la liberación de los mercados y el repliegue del Estado en la economía, pero ahora la situación del mundo no es la mejor. La competitividad por sí misma genera desigualdad, por la reducción de costos de producción y distribución para precios competitivos, porque el trabajo deshumanizado como simple factor productivo debe optimizarse, de ahí la innovación que desplaza mano de obra y la reducción absoluta y/o proporcional de los salarios.

Lo anterior ha generado inequitativa distribución de la riqueza a nivel mundial; tan sólo en México, según Ibarra y Ros (2019), en la década de los setenta el 40% del producto correspondía al trabajo, en 2015 representó el 28%. Pero esto disminuye la demanda agregada, debilita mercados e inhibe el crecimiento económico. La crisis del 2008 –construida desde principios del siglo con la burbuja hipotecaria en Estados Unidos- no se ha superado porque los capitales se destinan más a mercados financieros especulativos, que a producción y al débil consumo.

El traslado de inversiones directas a países con menores costos laborales es parte del libre mercado, con consecuencias negativas en empleo e ingreso en países desarrollados. De ahí decisiones proteccionistas del gobierno de derecha de Donald Trump, para incentivar inversión en su territorio y dinamizar su mercado interno, aunque esto afecte cadenas globales de valor.

Por lo anterior se hace necesaria la política económica efectiva y no sólo medidas contra cíclicas coyunturales, es decir intervención estatal en la economía, como en países emergentes: China, Rusia y Corea del Sur.

Ante la desigualdad y reducido crecimiento mundial, en el ámbito de apertura comercial, en México es necesaria la orientación estatal del mercado –sin excesiva regulación- para impulsar el crecimiento: reducción progresiva del gasto corriente federal; economía mixta en sectores estratégicos (energía, comunicaciones, sector agropecuario): impulsar inversión privada en regiones según su vocación económica; inversión pública en infraestructura productiva; insistir en la reducción de tasas de interés crediticias y comisiones bancarias; elevar paulatinamente el salario y transferencias sociales (demanda agregada); atacar la corrupción.

Ya se inició la redistribución del ingreso y, ya calculado el impacto inflacionario del incremento salarial en 16.2% y de transferencias sociales, el subejercicio del gasto ha sido estrategia precisamente para no impactar el nivel de precios. Pero el crecimiento económico este año será reducido (de 0.1 a 0.6%), con caída en 18 de 32 entidades federativas, aunado a esto la incertidumbre normal del primer año de gobierno.

Según Secretaría de Hacienda el gasto federal productivo iniciará a principios del 2020; además, ya con el renovado acuerdo de libre comercio (T-MEC), se impulsará la inversión privada.

Aun así, según la OCDE a abril las exportaciones mexicanas crecieron 1.1% respecto al mismo mes de 2018 y, según el Departamento de Comercio estadounidense, a junio nuestro país fue su principal socio comercial, con valor de 308 mil 886 millones de dólares (China 271,040 mdd).

Algunas cifras internas: ventas de tiendas de abarrotes repuntaron 7.9% en valor respecto al mismo periodo del año pasado, las de autoservicio en 7.4%; en septiembre el IMSS registró incremento de 145 mil 416 empleos, el más alto desde 2016 (20 millones 567 mil 426 registrados, 85.8% permanentes y 14.2% eventuales); 374.50 pesos monto de salario base de cotización, el alza más alta en diez años; tasa de desempleo 3.5% e inflación 3.02% anual en octubre, similares al año pasado.

En un contexto mundial adverso, la pobreza se reduce efectivamente con estrategias de política económica, para impulsar la inversión privada, redistribuir el ingreso y dinamizar el mercado interno, para impulsar el crecimiento y generar el desarrollo integral de las personas, de las comunidades y de la sociedad.