Foto: El Universal
De ganar, Anaya tendría las facultades necesarias, pero debería convencer al Senado.

En febrero pasado las acusaciones de que Ricardo Anaya fue responsable de orquestar una red de empresas fachada que triangularon y simularon la compra-venta de una nave industrial, para beneficiar con ello a una compañía de su propiedad, pusieron al presidenciable en el centro de la controversia.

Estas acusaciones recibidas en torno a la compra-venta de la nave industrial con valor de 54 millones pesos pusieron de inmediato a Anaya a la defensiva, quien contratacó con una serie de señalamientos al actual gobierno, como el caso de la llamada “Estafa maestra” o el de la “casa blanca”. No obstante se trata de un tema que el blanquiazul ya tenía agendado desde tiempo atrás.

“Mi planteamiento era romper el pacto de impunidad”, dijo en entrevista en Aristegui en vivo, “es decir, castigar a quienes hubieran cometido actos de corrupción […] Creo que los señalamientos de corrupción a este Gobierno son gravísimos“.

El expresidente del PAN aseguró que de ganar la Presidencia se aplicarán sanciones a quienes hayan cometido actos de corrupción en el actual gobierno, mediante la creación de una Fiscalía Autónoma y una Comisión de la Verdad similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que abriría procesos penales a Enrique Peña Nieto

“El CICIG es novedoso desde el punto de vista internacional… Es un organismo que no es de la ONU y no es de Guatemala. Se trata de una organización internacional autónoma. 

Independientemente de la efectividad del acuerdo, manifiesta un deseo de mejorar o de transparencia”, dice Antonio Franco, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid.

“Es totalmente valido porque es como cualquier tratado internacional… No tiene funciones judiciales… respeta totalmente eso… Pero sí tiene funciones mucho más amplias”, dice.

No obstante, en cuanto a su viabilidad, esta iniciativa la tiene (técnica y jurídicamente hablando); pero en una federación como México tiene por delante todo un proceso largo. 

”Primero se necesitaría reformar todo el sistema penal estatal y federal, así como de reformar los códigos federales. Eso sin contar que antes tendría que ratificarse por el Senado”, dice Franco, quien además señala otros detalles a tener en cuenta con una propuesta de esta naturaleza.

“Tiene cierta carga de moralidad. Tampoco es muy fácil. Uno: se necesitaría voluntad política. Y dos: se necesitaría una reforma amplia de todo el sistema penal, tanto estatal como federal… Reformar los códigos federales.

La CICIG fue creada en 2006 por medio de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y su finalidad es apoyar a diversas instancias del país centroamericano en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, y en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

En caso de que Anaya llegara a Los Pinos, tendría las facultades de gestionar el tratado. Sin embargo, para poder aplicarse a nivel nacional tendría que pasar por el Senado. “Ya firmado internacionalmente, obliga a México internacionalmente, pero ya otra cosa es aquí”, agrega el .investigador.

“Tendría que ratificarse por el Senado, luego tendrías que hacer toda la legislación interna para poder aplicarlo… Solo no puede. Estamos hablando de reformas a leyes y reglamentos orgánicos”, concluye.