Poder Judicial requiere 1,496 mdp en 2021 para cumplir compromisos laborales del T-MEC
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El Poder Judicial de la Federación solicitó dos partidas presupuestales especiales por 1,496.2 millones de pesos para crear tribunales y asumir los compromisos en materia laboral asumidos por México en el T-MEC
El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados dos partidas presupuestales especiales por 1,496.2 millones de pesos para crear tribunales como parte de la implementación de la reforma laboral establecida en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que el PJF —como órgano autónomo— solicitó un incremento de 7.6% a su presupuesto respecto al que ejerce este año, entre otras cosas, para asumir los compromisos en materia laboral asumidos por México en el T-MEC.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021, presentado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, el Poder Judicial requirió el próximo de 938.4 millones de pesos para asumir el costo de operación de los tribunales a crear durante la primera etapa de implementación de la reforma.
Adicionalmente, dijo que para el 2021 tiene previsto continuar con la implementación de la segunda etapa de la reforma, para la cual se deberán instalar 19 Tribunales Laborales en 13 estados del país(frente a los instalados en 8 entidades durante 2020), lo cual implica una asignación de 557.8 millones de pesos. Por ambos rubros, el presupuesto solicitado es de 1,496.2 millones de pesos.
El PJF puntualizó que la reforma laboral representa un elemento clave en la política económica del país y fue un tema central en las negociaciones del acuerdo comercial con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de América, mismo que ya entró en vigor.
“Al respecto, su pronta implementación, particularmente en lo referente a los tribunales laborales, no sólo jugará un rol clave en el restablecimiento de la actividad económica en el país en el contexto de la pandemia, sino que se ha erigido en una exigencia central de los otros Estados firmantes del nuevo tratado.
Indicó que durante el 2020 ha trabajado en la primera etapa de instalación de los Tribunales Laborales, en coordinación con el Poder Ejecutivo, que deberá instalar Oficinas Delegacionales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y con los gobiernos estatales.
De entrada, mencionó, las plantillas de los nuevos tribunales se están integrando mediante la realización de concursos públicos que han contado con niveles de participación histórica, y cuyas etapas se han tenido que implementar —debido a la epidemia del Covid-19— a partir del uso de herramientas tecnológicas y medidas de distanciamiento social, lo cual ha hecho más complicado el proceso.
El PJF apuntó que también se han diseñado programas de capacitación sumamente ambiciosos para todo el personal para que conozcan los alcances de la reforma laboral y los estándares de derechos humanos aplicables.
“En la línea de lo anterior y según lo exige la Ley de la materia, estos tribunales requieren de infraestructura y recursos operativos altamente especializados: una plataforma digital para realizar notificaciones por vía electrónica; equipo de grabación para el desahogo de las audiencias; una unidad de peritos para el examen de evidencias; calculadoras de prestaciones laborales que automaticen los procesos que actualmente requieren demasiado tiempo y generan errores, y modelos predictivos que permitan a las partes decidir si concilian o si continúan con el litigio a partir de las tendencias en casos análogos a los suyos”, refirió.
Expuso que el proceso de implementación de esta reforma está permitiendo el desarrollo de nuevos sistemas, como el de gestión judicial y otro que permita trazar rutas de notificación a partir de geoposicionamiento satelital, reduciendo tiempos y espacios para la corrupción.
El 29 de junio de este año se publicó en nuestro país el decreto del Tratado de Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).
En el Capítulo 23 de dicho tratado se establecieron los compromisos de México en materia laboral, entre ellos libertad de asociación, tanto de los trabajadores como de los patrones, así como la negociación colectiva; eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, trabajo infantil, discriminación laboral y eliminación de la violencia; regulación respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo; protección a los trabajadores migrantes conforme a las leyes laborales, sean o no nacionales; garantizar el acceso a tribunales para la aplicación de las leyes laborales.
También crear órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos; sistema de elecciones libres de los líderes sindicales, entre otros compromisos.
