U no de los principales defectos de nuestra burocracia, lo sabe cualquiera, es su vocación por la ineficiencia, es decir, por llevar a cabo las tareas que le corresponden en el mayor plazo posible y consumiendo la mayor cantidad de recursos posibles.

En efecto, lejos de optimizar –como sería deseable– nuestros servidores públicos se especializan en complejizar, crear reglas redundantes o agregar capas de ineficiencia a los procesos del sector público.

El propósito, según parece, no es superar rezagos o resolver problemas, sino perpetuar los vicios del servicio público al mismo tiempo que se esfuerzan en “dar la apariencia” de trabajar mucho… y hacerlo en beneficio de la ciudadanía que paga sus salarios.

Un botón de muestra de lo anterior es la propuesta de reforma a la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado, a fin de “dejar claro” que quienes presiden los sistemas DIF en los municipios de la entidad no pueden cobrar un salario por dicha labor.

¿Hacía falta establecer en la ley que “la Junta de Gobierno (del DIF) podrá designar un Presidente Honorario que no formará parte de la misma para los efectos de las atribuciones y obligaciones que las disposiciones legales le asignen, el cual no percibirá remuneración alguna, pero podrá participar en las sesiones y eventos especiales que se verifiquen, con voz pero sin voto”?

La respuesta es no y para dejarlo claro no hace falta sino revisar los dictámenes de la cuenta pública de los municipios de la entidad, durante los últimos años, y constatar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha realizado señalamientos puntuales en relación con las irregularidades cometidas por diversos municipios que han pagado honorarios a las titulares del DIF.

Para decirlo claramente y sin ambigüedades, el impedimento para pagar honorarios a quienes están a cargo del DIF ya existía, pero buena parte de los gobiernos municipales decidieron ignorar la norma y asignarle un salario (ilegal) a dicha posición.

¿Por qué han hecho esto los municipios? La respuesta es muy simple y puede deducirla cualquiera: porque no pasa nada y porque todo mundo sabe que nadie será castigado si utiliza los recursos públicos de forma discrecional.

¿Por qué los integrantes de la Legislatura, en lugar de plantear y aprobar normas redundantes no interponen una denuncia penal en contra de quienes han pagado y quienes han cobrado ilegalmente salarios que la ley nunca ha permitido que se paguen?

La respuesta es simple otra vez: porque nuestros representantes populares no tienen un compromiso genuino con el estado de derecho y, al igual que quienes en los municipios disponen ilegalmente de los recursos públicos, pretenden justificar el dinero que ganan creando más normas, pero sin comprometerse a lo más importante que juraron hacer cuando asumieron el cargo: “hacer cumplir la ley”.

El impedimento para pagar honorarios a quienes están a cargo del DIF ya existía, pero buena parte de los gobiernos municipales decidieron ignorar la norma y asignarle un salario (ilegal)