Políticas erráticas y embarazos indeseables

El fenómeno de los embarazos en mujeres adolescentes ha sido ya tan reseñado que las actualizaciones respecto de su evolución ya ni siquiera califican —siguiendo una interpretación ortodoxa de las reglas del periodismo— en el apartado de noticia.

En efecto, ya no constituye ningún “descubrimiento” el saber que en determinado núcleo poblacional, o en cierta institución educativa, o en un sector específico de alguna ciudad el número de adolescentes embarazadas —muchas de ellas en realidad niñas— se ha disparado.

En alguna medida, nos hemos acostumbrado a conocer los reportes relativos al fenómeno y pareciera que los estamos aceptando como parte de una “normalidad” social respecto de la cual no queda nada por hacer.

Pero que la incidencia de adolescentes embarazadas sea un hecho es una cosa y asumir que frente a tal realidad no queda nada por hacer, sino “resignarse” a que ésta es una característica de nuestros días, es otra diametralmente distinta.

En particular, las autoridades y los padres de familia no podemos asumir una posición como ésta porque lo que está en juego es la expectativa de futuro de un segmento vulnerable de nuestra población: las mujeres menores de edad.

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, un embarazo a temprana edad resulta indeseable porque tal hecho, como lo demuestran múltiples estudios realizados alrededor del mundo, disminuye las posibilidades de que la madre adolescente pueda concretar un proyecto personal mediante el cual pueda garantizarse a sí misma, y a su descendencia, una mejor calidad de vida.

Por ello, el Estado se encuentra obligado a diseñar y poner en práctica políticas eficaces en el proceso de incorporar a los padres de familia y a los propios adolescentes en una estrategia orientada, en primer lugar, a frenar el fenómeno y, enseguida, a revertirlo en el plazo más breve posible.

Lo que las cifras actuales muestran, sin lugar a dudas, es que —en el mejor de los casos— hasta ahora han sido políticas erráticas las que se han desplegado y por ello los resultados son decepcionantes, en términos generales, pues no existe forma de decir que se está conteniendo el fenómeno de forma sistemática en la entidad.

Las autoridades deben comenzar entonces por reconocer que han fracasado en el propósito de enfrentar un problema que viene siendo reseñado desde hace varios años en Coahuila. La actitud con la cual se ha enfrentado el mismo ha sido más bien timorata y por ello no se ha desplegado con determinación la única estrategia que, de acuerdo con la experiencia internacional, sería capaz de tener éxito: educar sexualmente a nuestros hijos.

Y mientras no se diseñe e instrumente con seriedad una política orientada a ofrecer información clara, precisa y de calidad a niños y adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, seguiremos reseñando, como hoy, el crecimiento del número de adolescentes embarazas a quienes la maternidad obligará a renunciar a sus expectativas personales.