Haber impugnado la elección de la alcaldía de Saltillo no es pose ni capricho ni pretensión de estar saliendo en los informativos, tampoco, y lo reitero, es obsesión por el cargo; es asunto de principios, de denunciar ante la autoridad correspondiente que se dieron una serie de irregularidades que la enturbiaron. En el artículo 41 de nuestra Carta Magna se establece que cuando se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado y la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5 por ciento puede demandarse la nulidad de la elección. Este es el parámetro establecido por el legislador que se presume como determinante. O sea, si la diferencia de la votación es mayor –como es el caso, son 48 mil votos– ¿no hay nada que alegar? Yo participé en la reforma electoral en la que esto fue aprobado, en mi calidad de diputada de la LXII Legislatura, y nunca estuve de acuerdo. 

Ponía lo equiparable a un robo: si dispongo de mil pares de lentes sin la autorización de su propietario, sí hay sanción, pero si nada más dispongo de uno, no la hay. Se sanciona por la cuantía, no por la conducta ayuna de honestidad y contraria a Derecho.

Mis compañeros legisladores pretendieron con esta reforma no dejarle a la autoridad jurisdiccional la estimación discrecional de la magnitud para declarar la nulidad. Mi adversario en la contienda se excedió, no dicho por mí, sino en el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización del INE y aprobado por el pleno, en 12 por ciento. ¿Se pasó? Claro que se pasó, pero como la diferencia de votos es de 48 mil, ¿debí de pasarlo por alto y no ejercer las acciones que me otorga la ley? Menudo precedente. No importa lo que gastes en campaña, gasta lo que sea, por encima de lo establecido por la autoridad, no importa el rebase, lo que importa es que ganes por muchos, pero muchos votos, con eso no podrán tocarte. El Tribunal local ni siquiera entró al fondo del asunto, desecharon la impugnación porque, según su criterio, no presentamos esa causal de nulidad en tiempo. ¿Cómo íbamos a presentar como prueba un dictamen que en la fecha en que hicimos uso de nuestro derecho todavía no había sido llevado al pleno del INE, y cuyo contenido desconocíamos? Pero en fin, esto es Coahuila y aquí todas las autoridades existentes son producto del régimen vigente y se deben a él.
Hay quienes me han escrito o lo dicen en las declaraciones ante medios, con leperadas o comedidamente, que es una batalla perdida, incluso han manifestado que es una treta montada por mí y el alcalde de Saltillo para retardar el proceso de entrega recepción, que se trata de una necedad de mi parte. La impugnación no tiene nada que ver con las decisiones que tome el alcalde. Yo, le confieso, no soy de quienes se callan y aguantan en silencio las trapacerías de un sistema en el que las mentiras, la demagogia, la manipulación, los abusos desvergonzados de la autoridad, y toda esta montaña de corrupción e impunidad enraizada en Coahuila estremece nomás a unos cuantos. Yo estoy asqueada y en la medida de mis posibilidades, de mis fuerzas, de mis convicciones, de todo cuanto significa esta noble tierra norteña para mí, y hasta el último día de mi vida, voy a luchar para que cambie esta dictadura disfrazada de democracia. No sé cuánto se puede lograr, porque en esto prácticamente se pelea solo, no abundan las sumas, lo que no me perdonaría es no hacer nada. No es un propósito baladí –por lo menos para mí no lo es– por eso continuaré intentándolo. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels alardeaba de lo eficaz que era la propaganda de la mentira multiplicada, aquí en Coahuila a punta de ella mantienen al grueso de la población en el limbo. Pero Thomas Mann, su compatriota, replicaba diciendo que la raíz de la civilización radica en el respeto de las formas, que son estas las que definen el Estado de derecho, y arengaba a los alemanes a “desintoxicarse de su complejo de superioridad y de su supuesto derecho adquirido a cometer atropellos”. 

Lo mismo, con el permiso del ilustre escritor germano, les digo yo a los priistas.

En una democracia el respeto a las leyes es requisito sine qua non. Una democracia no es simple aspiración, es un modelo de Gobierno que permite a una comunidad de hombres y mujeres vivir en libertad, en igualdad y en fraternidad, por ello en los contenidos de su Constitución se establecen sus derechos y sus obligaciones y se limita el ejercicio del poder público del que están investidos sus gobernantes. En Coahuila esto es letra muerta. Aquí lo que priva es la defensa a ultranza de la ignorancia por parte del Gobierno en turno y el desprecio por el imperio de la ley, y no todos estamos dispuestos a fingir demencia ante semejante ultraje. Este estilo de ejercer el poder público, cuajado de arbitrariedades y abusos con el embozo de elecciones libres, nos está conduciendo al caos. La demagogia imperante en estos casi 12 años de moreirato ha generado dos sentimientos entre los coahuilenses, el primero de agravio, traducido en “nos han robado”, y el segundo de frustración… “a nadie han castigado”. Nuestra obligación es no dejarnos doblegar por esa avalancha de desesperanza, es la defensa de nuestros derechos y libertades lo que robustecerá a nuestra enteca democracia. 

Y yo no estoy dispuesta a renunciar a esto.

Sueño con que un día la gente vote en entera libertad y por convicción, no por despensas, cemento, varillas, televisiones y todo el listado de prebendas y/o amenazas con las que la nomenclatura compra la voluntad de los más pobres, también sueño con que la clase media se despoje de su indiferencia y luche contra el régimen al que le paga impuestos y sostiene con su trabajo de todos los días, sin que éste se los devuelva en bienestar generalizado. De los ricos sin escrúpulos, cómplices del priato, la verdad no espero nada, salvo que un día vayan a parar a la cárcel por su contubernio de raterías.

Posdata: Les comparto a quienes hacen favor de preguntarme cómo vamos, que la impugnación ya está con los jueces federales y que ellos son la última instancia.