¿Por qué tirar a la basura dos mil millones de pesos?

Una de las críticas que, con toda razón, ha enderezado el Presidente de la República a los gobiernos de lo que él llama “el periodo neoliberal” es la relativa al uso discrecional del presupuesto público en beneficio particular. Su crítica sistemática a un hecho cierto fue lo que, en gran medida, lo llevó a ocupar la Silla del Águila en diciembre de 2018.

Pero justamente porque la legitimidad que ganó a lo largo de su etapa como dirigente opositor se basa en la crítica a los excesos del pasado, el hoy Presidente de la República debería inhibirse a sí mismo de incurrir en conductas semejantes.

El comentario viene a propósito del acto realizado ayer por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de entregarle al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado un cheque por dos mil millones de pesos que, en teoría, debería servir para realizar obras en beneficio de las personas más desprotegidas.

Lejos de tal posibilidad, el presidente López Obrador anunció ayer mismo que utilizaría ese dinero para pagar los premios del “sorteo del avión presidencial” que, como ya se ha precisado ampliamente, no incluye ningún avión.

La pregunta obligada es: si lo que se pretende –según reza el diseño del “cachito” presentado el viernes pasado ante los medios por el Presidente de la República– es equipar hospitales “donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”, ¿por qué no se usan esos dos mil millones de pesos para adquirir los equipos requeridos?

Dicho de otra forma, ¿por qué es necesario regalarle dos mil millones a 100 personas para lograr el propósito de contar con hospitales en los cuales pueda atenderse gratuitamente a la gente pobre?

El planteamiento presidencial carece de lógica por donde quiera que se le vea, pero eso no es lo más grave, sino disponer discrecionalmente de dos mil millones de pesos para ser regalados a capricho.

¿Cuenta el Presidente de la República con facultades para usar el dinero público a su antojo y decidir que se regale como si se tratara de sus recursos personales? Parece difícil encontrar la justificación para ello y eso implicaría la posibilidad de que se incurra en un acto ilegal.

¿Constituye un acto de corrupción decidir discrecionalmente que se regalen dos mil millones de pesos que forman parte del patrimonio público? De entrada se antoja responder afirmativamente a dicho cuestionamiento.

Pero, por encima de todo, lo que resulta completamente ilógico es que, en lugar de utilizar el dinero para lo que realmente importa, se decida que el mejor destino posible para la inmensa cantidad entregada ayer por la FGR es dividirla en 100 partes y convertirla en premio de una rifa.

Se trata de un acto que, más allá de no tener sentido, constituye una ofensa para el pueblo pobre al que el Presidente de la República ofrece cotidianamente poner por delante a la hora de tomar decisiones y priorizar el gasto público.